Proyecto de ley propuesto por el MAS en la Cámara de Diputados incurre en omisiones constitucionales

Proyecto de ley propuesto por el MAS en la Cámara de Diputados incurre en omisiones constitucionales

Ministerio de la Presidencia (17 de abril de 2020).-  El Proyecto de Ley que pretende “regular la emergencia por el Covid-19” y que es considerado por diputados, vulnera la Constitución Política del Estado; la Ley 2042, de administración presupuestaria, y el Reglamento de Diputados.

 El Ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, a través de una carta enviada al Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, recalcó que la Carta Magna establece que “todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del órgano ejecutivo, requerirá de consulta previa a éste”.

La misiva remitida a Choque observa, además, que la dotación de equipos de bioseguridad, la adquisición de reactivos, la implementación de laboratorios, en cada departamento; brigadas móviles, adquisición de respiradores, la implementación de unidades de terapia intensiva, salas de desinfección, entre otros, requiere de recursos económicos que no están establecidos en el proyecto de ley planteado por el Movimiento al Socialismo.
Núñez acota que la Ley 2042, en su artículo 5 establece “que las entidades públicas no podrán comprometer, ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados” y el reglamento de Diputados también establece que “los gastos fiscales a cargo del Tesoro General del Estado, que no sean propuestos por el Órgano Ejecutivo, serán remitidos en consulta a éste por la Presidencia de la Cámara”.
Por otro lado, el Artículo 11 de la propuesta planteada, establece ciertas prohibiciones en el período de emergencia entre los que resalta la prohibición de la suspensión de garantías constitucionales indispensables para el ejercicio de los derechos de las personas y en los incisos 3-4-5: se prohíbe el uso de armas de fuego contra la población, detenciones o arrestos innecesarios y amenazas desproporcionadas, lo que crea contradicción con las normas ya establecidas por la CPE y decretos supremos ya establecidos.
Finalmente, en la carta enviada por la autoridad se resalta que el accionar del régimen militar y policial se enmarca en sus normas, por lo cual el artículo 12 que hace referencia a que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Boliviana serán sometidas a la justicia ordinaria por las acciones que atenten contra los derechos humanos, no corresponde.
Por todas las observaciones mencionadas, se solicita revisión de la misma para que cumpla con la previsión constitucional.

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