Compendio de Normativas para Personas con Discapacidad

UE-FNSE

Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad

La UE-FNSE es una institución desconcentrada del Ministerio de la Presidencia, sus funciones están relacionadas al apoyo de forma eficiente y eficaz, mediante la ejecución de proyectos sociales, de prevención, rehabilitación, formación y desarrollo productivo.

MISIÓN

Dignificar la calidad de vida de las personas con discapacidad, mediante las políticas públicas desarrolladas por la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, del Ministerio de la Presidencia, garantizando la atención integral, la inclusión participativa y protagónica de este sector y sus familiares.

VISIÓN

Ser la Institución Nacional referente, que brinde de manera eficaz y oportuna las respuestas necesarias en materia de discapacidad a todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado Plurinacional de Bolivia, enfocada a generar avances significativos para la atención y promoción de cambios culturales, con base en los principios establecidos en la Ley 223 y la Constitución Política de Estado.

 

 

CONTENIDO

CONTENIDO.. 2

PRESENTACIÓN.. 3

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.. 4

LEY Nº 3925. 7

LEY N° 4024. 8

LEY N° 045. 9

LEY Nº 223. 22

LEY N° 475. 38

LEY N° 977. 45

DECRETO SUPREMO No 27837. 49

DECRETO SUPREMO Nº 839. 51

DECRETO SUPREMO Nº 1498. 55

DECRETO SUPREMO N° 1893. 58

DECRETO SUPREMO N° 3437. 67

Resolución Administrativa Regulatoria. 74

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN

A partir de la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el año 2009, que fue un hito histórico para todos los bolivianas y bolivianos, en especial para las personas con discapacidad, debido a que se constitucionalizaba sus derechos. En el Artículo 70 de la CPE, manifiesta que, “las personas con discapacidad tienen derecho a ser protegidas por el Estado Plurinacional de Bolivia y a desarrollar sus potencialidades individuales”, en el parágrafo II, del Artículo 71, señala que “se adoptarán medidas de acción positiva para promover la efectiva integración en los ámbitos productivo, económico, político, social y cultural de las personas con discapacidad sin discriminación alguna, generando las condiciones que permitan el desarrollo de sus potencialidades individuales”

Es así como ponemos a consideración de toda la población, en especial a las Personas con Discapacidad el presente compendio de normativas de Leyes, decretos, y resoluciones que benefician a las personas con discapacidad, partiendo de las premisas que emana la Constitución Política del Estado y que tienen como objetivo garantizar los derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad.

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 14.

  1. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna.
  2. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.

CAPÍTULO QUINTO

SECCIÓN II

DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 45. (FINES)

  1. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.

SECCIÓN VI

DERECHOS DE LAS FAMILIAS

  1. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad.

SECCIÓN VIII

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:

  1. A ser protegido por su familia y por el Estado.
  2. A una educación y salud integral gratuita.
  3. A la comunicación en lenguaje alternativo.
  4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.
  5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.

ARTÍCULO 71.

  1. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad.
  2. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna.

III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 72. El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley.

CAPÍTULO SEXTO

EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS CULTURALES

SECCIÓN I

EDUCACIÓN

ARTÍCULO 85. El Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, o con talentos extraordinarios en el aprendizaje, bajo la misma estructura, principios y valores del sistema educativo, y establecerá una organización y desarrollo curricular especial.

SECCIÓN V

DEPORTE Y RECREACIÓN

ARTÍCULO 107.

  1. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados.
  2. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.

III. Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolios u oligopolios.

  1. El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades.

CAPÍTULO OCTAVO

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

ARTÍCULO 300.

  1. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción:
  2. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.

DEPORTE Y RECREACIÓN

ARTÍCULO 302.

  1. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción:
  2. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.

 

 

LEY Nº 3925

LEY DE 21 DE AGOSTO DE 2008

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL

DECRETA

ARTICULO 1°

Se elimina el financiamiento estatal a partidos políticos. Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, en los años electorales y no electorales, derogándose todas las disposiciones contrarias al presente artículo.

ARTICULO 2°

Se crea el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de los discapacitados, financiado con un aporte anual de Bs. 40.000.000 (Cuarenta Millones 00/100 Bolivianos) con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación.

ARTICULO 3°

Las utilizaciones de los recursos serán establecidos mediante Decreto Supremo Reglamentario, a ser emitido en un plazo de 90 días a partir de la publicación de la presente Ley.

Remítase al Poder Ejecutivo, para fines Constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil ocho años.

 

 

LEY N° 4024

LEY DE 15 ABRIL DE 2009

“CONVENCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO”

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. – De conformidad con el artículo 158, atribución 14a, de la Constitución Política del Estado, se aprueba la “Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo”, abierto a la firma en la Sede de Naciones Unidas a Partir del 30 de Marzo de 2007 y suscrito por Bolivia el 13 de Agosto de 2007.

Remítase al Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil nueve años.

Fdo. Oscar Ortiz Antelo, Edmundo Novillo Aguilar, Orlando Careaga Alurralde, José Villavicencio Amuruz, Martín Mollo Soto, Segundo Tobías Maida Rojas.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de Abril de dos mil nueve.

 

 

LEY N° 045

LEY DE 8 DE OCTUBRE DE 2010

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. (OBJETO Y OBJETIVOS).

  1. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
  2. La presente Ley tiene por objetivos eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda forma de discriminación.

ARTÍCULO 2. (PRINCIPIOS GENERALES). La presente Ley se rige bajo los principios de:

  1. Interculturalidad. Entendida como la interacción entre las culturas, que se constituye en instrumento para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones para la construcción de relaciones de igualdad y equidad de manera respetuosa.
  2. Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y/o diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, leyes nacionales y normativa internacional de Derechos Humanos.
  3. Equidad. Entendida como el reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo de las personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
  4. Protección. Todos los seres humanos tienen derecho a igual protección contra el racismo y toda forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna en sede administrativa y/o jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido como consecuencia del acto racista y/o discriminatorio.

ARTÍCULO 3. (ALCANCES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplicará en todo el territorio nacional y en los lugares sometidos a su jurisdicción.

No reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno y se aplica a:

  1. Todos los bolivianos y bolivianas de origen o nacionalizados y a todo estante y habitante en territorio nacional que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado.
  2. Autoridades, servidores y ex servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia, sus entidades e instituciones del nivel central, descentralizadas o desconcentradas y de las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas.
  3. Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Universidades, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas y toda entidad de la estructura estatal.
  4. Personas privadas jurídicas, instituciones no gubernamentales nacionales o extranjeras a través de sus representantes.
  5. Organizaciones sociales y mecanismos de control social.
  6. Misiones diplomáticas bilaterales, multilaterales y especiales ejerciendo funciones en territorio boliviano, de acuerdo a normas de derecho internacional.

ARTÍCULO 4. (OBSERVACIÓN). Las autoridades nacionales, departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinas o de cualquier jerarquía, observarán la presente Ley, de conformidad a la Constitución Política del Estado y normas e instrumentos internacionales sobre derechos humanos, contra el racismo y toda forma de discriminación, ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 5. (DEFINICIONES). Para efectos de aplicación e interpretación de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones:

  1. Discriminación. Se define como “discriminación” a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional. No se considerará discriminación a las medidas de acción afirmativa.
  2. Discriminación Se entiende por “discriminación racial” a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza o por el color, ascendencia u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar, directa o indirectamente el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado y las normas internacionales de Derechos Humanos, en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y/o privada.
  3. Racismo. Se considera “racismo” a toda teoría tendente a la valoración de unas diferencias biológicas y/o culturales, reales o imaginarias en provecho de un grupo y en perjuicio del otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre otro.
  4. Raza. La “raza” es una noción construida socialmente, desarrollada a lo largo de la historia como un conjunto de prejuicios que distorsiona ideas sobre diferencias humanas y comportamiento de grupo. Utilizada para asignar a algunos grupos un estatus inferior y a otros un estatus superior que les dio acceso al privilegio, al poder y a la riqueza. Toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa y nada en la teoría o en la práctica permite justificar la discriminación racial.
  5. Equidad de Género. Es el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas y biológicas de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social e igualdad de oportunidades que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin perjuicio de su sexo en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.
  6. Equidad Generacional. Es el reconocimiento y valoración de las diferencias generacionales de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin perjuicio de su edad en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.
  7. Homofobia. Se refiere a la aversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres homosexuales, también se incluye a las demás personas que integran a la diversidad sexual.
  8. Transfobia. Se entiende como la discriminación hacia la transexualidad y las personas transexuales o transgénero, basada en su identidad de género.
  9. Xenofobia. Se entiende como el odio y rechazo al extranjero o extranjera, con manifestaciones que van desde el rechazo más o menos manifiesto, el desprecio y las amenazas, hasta las agresiones y diversas formas de violencia.
  10. Misoginia. Se entiende por misoginia cualquier conducta o comportamiento de odio manifiesto hacia las mujeres o género femenino, independientemente de la edad, origen y/o grado de instrucción que logre o pretenda vulnerar directa o indirectamente los Derechos Humanos y los principios de la presente Ley.
  11. Acción Afirmativa. Se entiende como acción afirmativa aquellas medidas y políticas de carácter temporal adoptadas en favor de sectores de la población en situación de desventaja y que sufren discriminación en el ejercicio y goce efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales. Constituyen un instrumento para superar los obstáculos que impiden una igualdad real.
  12. Acción Preventiva. Son aquellas medidas públicas traducidas en campañas de concientización, educación y difusión de derechos humanos protectivos contra la discriminación y cualquier forma de manifestación.
  13. Acción Correctiva. La efectiva imposición de medidas sancionatorias o disciplinarias a los infractores, realizando el seguimiento a su aplicación y los resultados obtenidos.

CAPÍTULO II

DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN, DESTINADAS A ERRADICAR EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN

ARTÍCULO 6. (PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN). Es deber del Estado Plurinacional de Bolivia definir y adoptar una política pública de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, con perspectiva de género y generacional, de aplicación en todos los niveles territoriales nacionales, departamentales y municipales, que contengan las siguientes acciones:

  1. En el ámbito educativo:
  2. Promover el diseño e implementación de políticas institucionales de prevención y lucha contra el racismo y la discriminación en las Universidades, Institutos Normales Superiores Nacionales públicos y privados, Sistema Educativo Nacional en los niveles preescolar, primario y secundario.
  3. Diseñar y poner en marcha políticas educativas, culturales, comunicacionales y de diálogo intercultural, que ataquen las causas estructurales del racismo y toda forma de discriminación; que reconozcan y respeten los beneficios de la diversidad y la plurinacionalidad y que incluyan en sus contenidos la historia y los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el pueblo afroboliviano.
  4. Promover la implementación de procesos de formación y educación en derechos humanos y en valores, tanto en los programas de educación formal, como no formal, apropiados a todos los niveles del proceso educativo, basados en los principios señalados en la presente Ley, para modificar actitudes y comportamientos fundados en el racismo y la discriminación; promover el respeto a la diversidad; y contrarrestar el sexismo, prejuicios, estereotipos y toda práctica de racismo y/o discriminación.
  5. En el ámbito de la administración pública.
  6. Capacitar a las servidoras y servidores de la administración pública sobre las medidas de prevención, sanción y eliminación del racismo y toda forma de discriminación.
  7. Gestionar y apoyar la inclusión curricular de la prevención contra el racismo y la discriminación en los Institutos Militares y Policiales.
  8. Promover políticas institucionales de prevención y lucha contra el racismo y la discriminación en los sistemas de educación, salud y otros de prestación de servicios públicos, que incluyan.
  9. Adopción de procedimientos o protocolos para la atención de poblaciones específicas.
  10. Promover la ética funcionaria y el buen trato en la atención de la ciudadanía.
  11. Garantizar que los sistemas políticos y jurídicos reflejen la plurinacionalidad del Estado boliviano en el marco de los Derechos Humanos.
  12. Promover el reconocimiento de los héroes y las heroínas nacionales pertenecientes a las naciones pueblos indígena originario campesinos, el pueblo afroboliviano y de comunidades interculturales.

III. En el ámbito de la comunicación, información y difusión.

  1. El Estado deberá promover la producción y difusión de datos estadísticos, sobre racismo y toda forma de discriminación con el fin de eliminar las desigualdades sociales.
  2. Promover la realización de investigaciones y estudios cuantitativos y cualitativos, sobre el racismo y toda forma de discriminación, así como los efectos de estos fenómenos sobre sus víctimas, con el fin de definir políticas y programas encaminados a combatirlos.
  3. Los medios de comunicación públicos y privados deberán proveerse de mecanismos internos que garanticen la eliminación del racismo y toda forma de discriminación, en relación a su responsabilidad de generar opinión pública conforme a la Constitución Política del Estado.
  4. Disponer que los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos y las nuevas tecnologías de la información y comunicación, como el internet, eliminen de sus programaciones, lenguajes, expresiones y manifestaciones racistas, xenófobas y otros de contenido discriminatorio.
  5. Difundir el contenido de la presente Ley; los instrumentos nacionales e internacionales contra el racismo y toda forma de discriminación; y las políticas públicas relacionadas con el tema.
  6. Los medios de comunicación deberán apoyar las medidas y acciones en contra del racismo y toda forma de discriminación.
  7. En el ámbito económico.
  8. El Estado promoverá la inclusión social a través de la ejecución de las inversiones públicas y privadas, para generar oportunidades y la erradicación de la pobreza; orientada especialmente a los sectores más vulnerables.

CAPÍTULO III

DEL COMITÉ NACIONAL CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN

ARTÍCULO 7. (COMITÉ). Se crea el Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, encargado de promover, diseñar e implementar políticas y normativa integrales contra el racismo y toda forma de discriminación.

El Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, estará bajo la tuición del Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Descolonización.

El Comité estará conformado por dos comisiones:

  1. Comisión de Lucha contra el Racismo.
  2. Comisión de Lucha contra toda forma de Discriminación.

El funcionamiento de ambas comisiones estará a cargo de la Dirección General de Lucha Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, del Viceministerio de Descolonización, dependiente del Ministerio de Culturas.

ARTÍCULO 8. (INTEGRANTES DEL COMITÉ CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN).

  1. Para efectos de esta Ley, el Comité contra el Racismo y toda forma de Discriminación estará conformado por:
  2. Instituciones públicas: 1. Órgano Ejecutivo: Ministerio de Culturas, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Planificación del Desarrollo y Ministerio de Defensa; 2. Órgano Judicial; 3. Órgano Electoral; 4. Órgano Legislativo: Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; 5. Gobiernos Autónomos Departamentales; 6. Gobiernos Autónomos Municipales; 7. Autonomías Indígena Originaria Campesinas.
  3. Organizaciones Sociales.
  4. Organizaciones Indígena Originaria Campesinas.
  5. Comunidades Interculturales y Comunidades Afrobolivianas.
  6. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la juventud, la niñez y adolescencia, personas con discapacidad y sectores vulnerables de la sociedad.
  7. Otras instituciones y/o organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y de la sociedad civil.
  8. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Bolivia y la Defensoría del Pueblo como órganos observadores y de acompañamiento técnico.

III. Los miembros del Comité, por estas funciones, no percibirán salario alguno que provenga del Tesoro General de la Nación.

  1. IV. El Viceministerio de Descolonización podrá contratar personal técnico, profesional o no profesional, para apoyar el funcionamiento del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
  2. Las comisiones: a) de lucha contra el racismo y b) lucha contra toda forma de discriminación, estarán conformadas por los delegados del comité, de acuerdo a un reglamento interno.

ARTÍCULO 9. (DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ). El Comité contra el Racismo y toda forma de Discriminación tendrá como tareas principales:

  1. Dirigir la elaboración de un Diagnóstico y un Plan Nacional de Acción contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, sobre la base de los lineamientos propuestos en el Artículo 6 de la presente Ley.
  2. Promover, desarrollar e implementar políticas públicas de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación.
  3. Precautelar el respeto a la igualdad y no discriminación en las propuestas de políticas públicas y proyectos de ley.
  4. Realizar seguimiento, evaluación y monitoreo a la implementación de políticas públicas y normativa vigente contra el racismo y toda forma de discriminación.
  5. Velar porque los Reglamentos Internos de Personal, Reglamentos disciplinarios u otros al interior de la Administración Pública, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, incluyan como causal de proceso interno, faltas relativas al racismo y toda forma de discriminación, conforme a la presente Ley.
  6. Promover en todas las entidades públicas, la creación de instancias de prevención contra el racismo y toda forma de discriminación, así como la recepción de denuncias e impulso de procesos administrativos hasta su conclusión, de acuerdo a reglamento.
  7. Promover la conformación de Comisiones y Comités contra el Racismo y toda forma de Discriminación, con el propósito de implementar medidas de prevención en el marco de las autonomías.
  8. Promover el reconocimiento público de personas naturales y/o jurídicas estatales o privadas que se hayan destacado por su labor en contra de la discriminación racial o toda forma de discriminación.
  9. Promover el reconocimiento de los héroes y heroínas bolivianas y bolivianos, pertenecientes a las naciones pueblos indígena originario campesinos, el pueblo afroboliviano y de comunidades interculturales.

Artículo 10. (REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES POR RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN). Con fines de registro y seguimiento, el Comité Nacional Contra el Racismo y toda forma de Discriminación; el Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Descolonización, sistematizará y producirá información sobre los procesos administrativos y judiciales iniciados por causa de racismo y toda forma de discriminación.

Artículo 11. (PRESUPUESTO). El Tesoro General de la Nación, otorgará los recursos económicos necesarios anualmente, al Ministerio de Culturas para el cumplimiento de las funciones señaladas en la presente Ley.

CAPÍTULO IV

INSTANCIAS COMPETENTES DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN

ARTÍCULO 12. (INSTANCIAS COMPETENTES). Las personas que hubiesen sufrido actos de racismo o discriminación podrán optar por la vía constitucional, administrativa o disciplinaria y/o penal, según corresponda.

ARTÍCULO 13. (VÍA ADMINISTRATIVA O DISCIPLINARIA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS).

  1. Constituyen faltas en el ejercicio de la función pública, las siguientes conductas:
  2. Agresiones verbales fundadas en motivos racistas y/o discriminatorios,
  3. Denegación de acceso al servicio por motivos racistas y/o discriminatorios,
  4. Maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios, que no constituya delito.

Siempre que estas faltas se cometan en el ejercicio de funciones, en la relación entre compañeros de trabajo o con las y los usuarios del servicio.

  1. II. Los motivos racistas y/o discriminatorios a los que se refiere el parágrafo precedente, se encuentran descritos en los Artículos 281 Bis y 281 Ter del Código Penal.

III. La institución pública podrá disponer que la servidora o el servidor, infractor se someta a tratamiento psicológico, cuyos gastos correrán a cargo de la misma institución.

  1. IV. Todas las instituciones públicas deberán modificar sus Reglamentos Internos de Personal, Reglamentos Disciplinarios u otros que correspondan, de manera que se incluyan las faltas descritas en el parágrafo I del presente Artículo, como causal de inicio de proceso interno y motivo de sanción administrativa o disciplinaria.
  2. V. En caso de que en el proceso administrativo o interno, se determine la existencia de responsabilidad penal, la institución pública deberá remitir el caso al Ministerio Público.
  3. VI. Los actos de racismo y toda forma de discriminación que constituyan faltas cometidas por servidoras y servidores públicos serán denunciados ante la misma institución a la que pertenecen, a fin de aplicar las sanciones administrativas o disciplinarias correspondientes.

VII. La institución pública que conoce denuncias sobre racismo y toda forma de discriminación deberá remitir copia de las mismas a la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación del Viceministerio de Descolonización, del Ministerio de Culturas, para fines de registro y seguimiento.

VIII. La denunciante o el denunciante, podrá remitir copia de la denuncia contra la servidora o servidor público, al Ministerio de Culturas para fines de registro y seguimiento.

ARTÍCULO 14. (INSTITUCIONES PRIVADAS).

  1. Todas las instituciones privadas deberán adoptar o modificar sus Reglamentos Internos de manera que incluyan como faltas, conductas racistas y/o discriminatorias, tales como:
  2. Agresiones verbales por motivos racistas y/o discriminatorios,
  3. Denegación de acceso al servicio por motivos racistas y/o discriminatorios,
  4. Maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios, que no constituya delito,
  5. Acciones denigrantes.

 

  1. II. Los motivos racistas y/o discriminatorios a los que se refiere el parágrafo precedente, se encuentran descritos en los Artículos 281 Bis y 281 Ter del Código Penal.

III. En caso de existir indicios de responsabilidad penal, deberá remitirse a conocimiento del Ministerio Público.

  1. IV. La institución privada que conozca denuncias sobre racismo y toda forma de discriminación contra sus empleados, deberá remitir copia de las mismas a la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación del Viceministerio de Descolonización, del Ministerio de Culturas, para fines de registro y seguimiento.

ARTÍCULO 15. (PROHIBICIÓN DE RESTRINGIR EL ACCESO A LOCALES PÚBLICOS).

  1. I. Queda prohibida toda restricción de ingreso y colocado de carteles con este propósito, a locales o establecimientos de atención, servicio o entretenimiento abiertos al público, bajo sanción de clausura por tres días en la primera vez, de treinta días en la segunda y definitiva en la tercera. Salvando aquellas prohibiciones previstas por ley que protejan derechos o para las actividades que no estén dirigidas al público en general por su contenido.
  2. II. Esta medida será aplicada por los Gobiernos Autónomos Municipales de acuerdo a reglamentación especial, quienes deberán verificar los extremos de la denuncia.

III. Se declara la obligatoriedad de exhibir carteles en el ingreso a los establecimientos públicos y privados de atención, servicio o entretenimiento abiertos al público, en forma visible el siguiente texto: “Todas las personas son iguales ante la Ley”. En caso de restringirse ilegalmente el acceso a locales públicos, podrá presentar su denuncia ante los Gobiernos Autónomos Municipales.

ARTÍCULO 16. (MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN). El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación.

ARTÍCULO 17. (OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR). La persona que en ejercicio de la función pública conociere hechos de racismo y toda forma de discriminación, está en la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes; en caso de no hacerlo será pasible a la sanción dispuesta en el Artículo 178 del Código Penal.

ARTÍCULO 18. (PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DENUNCIANTES). El Estado garantizará la seguridad física y psicológica de las víctimas, testigos y denunciantes de delitos de racismo y toda forma de discriminación.

ARTÍCULO 19. (SALIDAS ALTERNATIVAS). Conforme a lo establecido por el Artículo 26 del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Público buscará en el marco de la legalidad la solución del conflicto penal, mediante la aplicación de las salidas alternativas previstas por ley.

ARTÍCULO 20. (DENUNCIA FALSA O TEMERARIA). La persona que a sabiendas acusare o denunciare como autor o autora, o partícipe de un delito de racismo o cualquier forma de discriminación a una persona que no lo cometió, dando lugar a que se inicie el proceso penal correspondiente, será sancionado conforme a lo previsto en el Artículo 166 del Código Penal.

CAPÍTULO V

DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO

ARTÍCULO 21. (DELITOS). Se incorpora en el Capítulo II, del Título III del Libro Primero del Código Penal, la disposición siguiente:

“Artículo 40 Bis.- (Agravante General). Se elevarán en un tercio el mínimo y en un medio el máximo, las penas de todo delito tipificado en la Parte Especial de este Código y otras leyes penales complementarias, cuando hayan sido cometidos por motivos racistas y/o discriminatorios descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter de este mismo Código. En ningún caso la pena podrá exceder el máximo establecido por la Constitución Política del Estado.”

ARTÍCULO 22. Se modifica el Título VIII del Libro Segundo del Código Penal cuyo texto quedará redactado en los siguientes términos:

“Delitos Contra la Vida, la Integridad y la Dignidad del Ser Humano”.

ARTÍCULO 23. Se incorpora en el Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, el “Capítulo V” denominado: “Delitos contra la Dignidad del Ser Humano”, el mismo que comprenderá las siguientes disposiciones:

ARTÍCULO 281 BIS.- (RACISMO).

  1. I. La persona que arbitrariamente e ilegalmente, restrinja, anule, menoscabe o impida el ejercicio de derechos individuales o colectivos por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígena originario campesinos o el pueblo afro- boliviano o uso de su vestimenta o idioma propio, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a siete años.
  2. II. La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo cuando:
    1. El hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública.
    2. El hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público.
    3. El hecho sea cometido con violencia.

ARTÍCULO 281 TER.- (DISCRIMINACIÓN).

La persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física,

intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a cinco años.

  1. La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo cuando:
  1. El hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública.
  2. El hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público.
  3. El hecho sea cometido con violencia.

ARTÍCULO 281 QUATER.- (Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación).

La persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o que promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación, por los motivos descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter, o incite a la violencia, o a la persecución, de personas o grupos de personas, fundados en motivos racistas o discriminatorios, será sancionado con la pena privativa de libertad de uno a cinco años.

  1. I. La sanción será agravada en un tercio del mínimo y en una mitad del máximo, cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público, o autoridad pública.
  2. II. Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno.

ARTÍCULO 281 SEPTIESER.- (Organizaciones o Asociaciones Racistas o Discriminatorias).

La persona que participe en una organización o asociación que promuevan y/o justifiquen el racismo o la discriminación descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter o incite al odio, a la violencia o la persecución de personas o grupos de personas fundados en motivos racistas o discriminatorios, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a cuatro años.

La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo, cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública.

ARTICULO 281 OCTIES.- (Insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios)

El que por cualquier medio realizare insultos u otras agresiones verbales, por motivos racistas o discriminatorios descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter, incurrirá en prestación de trabajo de cuarenta días a dieciocho meses y multa de cuarenta a ciento cincuenta días.

  1. I. Si este delito fuera cometido mediante impreso, manuscrito o a través de medios de comunicación, la pena será agravada en un tercio el mínimo y en un medio el máximo.
  2. II. Si la persona sindicada de este delito se retractare, antes o a tiempo de la imputación formal, la acción penal quedará extinguida. No se admitirá una segunda retractación sobre el mismo hecho.

III. La retractación deberá realizarse por el mismo medio, en iguales condiciones y alcance por el cual se realizó el insulto o la agresión verbal, asumiendo los costos que ello implique.

ARTÍCULO 24. (ACCIÓN PENAL). Se modifican los Artículos 20 y 26 del Título II del Libro Primero del Código de Procedimiento Penal, cuyo texto quedará redactado en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20º.- (DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA). Son delitos de acción privada: el giro de cheque en descubierto, giro defectuoso de cheque, desvío de clientela, corrupción de dependientes, apropiación indebida, abuso de confianza, los delitos contra el honor, destrucción de cosas propias para defraudar, defraudación de servicios o alimentos, alzamiento de bienes o falencia civil, despojo, alteración de linderos, perturbación de posesión, daño simple e insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios.

Los demás delitos son de acción pública.

ARTÍCULO 26º.- (CONVERSIÓN DE ACCIONES). A pedido de la víctima, la acción penal pública podrá ser convertida en acción privada en los siguientes casos:

  1. Cuando se trate de un delito que requiera instancia de parte, salvo las excepciones previstas en el Artículo 17º de este Código;
  2. Cuando se trate de delitos de contenido patrimonial o de delitos culposos que no tengan por resultado la muerte siempre que no exista un interés público gravemente compro- metido; y,
  3. Cuando se trate de “Delitos contra la Dignidad del Ser Humano” siempre que no exista un interés público gravemente comprometido,
  4. Cuando se haya dispuesto el rechazo previsto en el Artículo 304º o la aplicación del criterio de oportunidad previsto en el numeral 1) del Artículo 21º de este Código y la víctima o el querellante hayan formulado oposición.

En los casos previstos en los numerales 1) y 2) la conversión será autorizada por el Fiscal de Distrito o por quien él delegue, autorización que será emitida dentro de los tres días de solicitada. En el caso del numeral 3) la conversión será autorizada por el juez competente.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. El Órgano Ejecutivo, se encargará de la reglamentación de la presente Ley, en lo que corresponda en un plazo de 90 días a partir de su promulgación, en base a un amplio proceso de concertación y participación social.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA. Se encomienda al Ministerio de Justicia, la elaboración de un texto ordenado del Código Penal, incluyendo las modificaciones incorporadas por la presente Ley.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA

ÚNICA. Quedan abrogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil diez.

Fdo. René Oscar Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Andrés A. Villca Daza, Clementina Garnica Cruz, Pedro Nuny Caity, José Antonio Yucra Paredes.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes de octubre de dos mil diez años.

 

 

 

LEY Nº 223

LEY DE 2 DE MARZO DE 2012

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

LEY GENERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (OBJETO). El objeto de la presente Ley es garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral.

Artículo 2. (FINES). Constituyen fines de la presente Ley, los siguientes:

  1. Promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad.
  2. Lograr la efectiva inclusión social de las personas con discapacidad en las entidades públicas del Estado en sus niveles Central, Departamental, Regional, Municipal e Indígena Originario Campesino y en las instituciones privadas.
  3. Establecer la inclusión de las instituciones privadas en políticas sociales, culturales, ambientales y económicas para personas con discapacidad.
  4. Establecer políticas públicas y estrategias sociales destinadas a la prevención de causas que pudieran provocar deficiencias, discapacidad y mayores grados de discapacidad.
  5. Promover políticas públicas en los ámbitos de salud, educación, deporte, recreación, empleo, desarrollo económico, cultural, político y social a favor de las personas con discapacidad.
  6. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reduciendo los índices de pobreza y exclusión social
  7. Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de las niñas, niños, jóvenes y mujeres con discapacidad en igualdad de oportunidades en todas las esferas de la vida.

Artículo 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley es aplicable en todo el territorio del Estado Plurinacional y de cumplimiento obligatorio por todos los Órganos del Estado, así como por las instituciones; sean estas públicas, privadas, cooperativas y/o de economía mixta.

Artículo 4. (PRINCIPIOS GENERALES). La presente Ley, en concordancia con los Convenios Internacionales y la Constitución Política del Estado, se rige por los siguientes principios:

  1. Igualdad en Dignidad. Por el que las personas con discapacidad tienen la misma dignidad y derechos que el resto de los seres humanos.
  2. No Discriminación. No se anula o afecta el reconocimiento, goce o ejercicio pleno de los derechos en base a cualquier forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, fundada en razón de su situación de persona con discapacidad.
  3. Inclusión. Todas las personas con discapacidad participan plena y efectivamente en la sociedad en igualdad de oportunidades, en los ámbitos: económico, político, cultural, social, educativo, deportivo y recreacional.
  4. Por el que los servicios que goza la sociedad puedan también acomodarse para ser accedidos por las personas con discapacidad, sin restricción alguna, sean arquitectónicas, físicas, sociales, económicas, culturales, comunicacionales.
  5. Equidad de Género. Por el que se equiparan las diferencias en razón de género existentes entre hombres y mujeres con discapacidad, reconociendo la orientación sexual e identidad de género, en el marco del ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado.
  6. Igualdad de Oportunidades. Las personas con discapacidad tienen las mismas posibilidades de acceso al ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos, religiosos, culturales, deportivos, recreacionales y al medio ambiente, sin discriminación alguna.
  7. No Violencia. Garantía y protección a las personas con discapacidad, con énfasis a mujeres, niños y niñas y adolescentes contra toda forma de violencia física, psicológica o sexual.
  8. Asistencia Económica Estatal. Por el que el Estado promueve una renta solidaria para las personas con discapacidad grave y muy grave; y asistencia económica mediante planes, programas y proyectos a las personas con discapacidad.

Artículo 5. (DEFINICIONES). Son definiciones aplicables las siguientes:

  1. Es el resultado de la interacción de la persona, con deficiencias de función físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales.
  2. Trato Preferente. Son las acciones integradoras que procuran eliminar las desventajas de las personas con discapacidad, garantizando su equiparación e igualdad con el resto de las personas con carácter de primacía.
  3. Personas con Discapacidad. Son aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
  4. Son problemas en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de una persona. Pueden consistir en una perdida, defecto, anomalía o cualquier otra desviación significativa respecto a la norma estadísticamente establecida.
  5. Personas con Discapacidad Física – Motora. Son las personas con deficiencias anatómicas y neuromúsculofuncionales causantes de limitaciones en el movimiento.
  6. Personas con Discapacidad Visual. Son las personas con deficiencias anatómicas y/o funcionales, causantes de ceguera y baja visión.
  7. Personas con Discapacidad Auditiva. Son las Personas con perdida y/o limitación auditiva en menor o mayor grado. A través del sentido de la visión, estructura su experiencia e integración con el medio. Se enfrenta cotidianamente con barreras de comunicación que impiden en cierta medida su acceso y participación en la sociedad en igualdad de condiciones que sus pares oyentes.
  8. Personas con Discapacidad Intelectual. Son las personas caracterizadas por deficiencias anatómicas y/o funcionales del sistema nervioso central, que ocasionan limitaciones significativas tanto en el funcionamiento de la inteligencia, el desarrollo psicológico evolutivo como en la conducta adaptativa.
  9. Personas con Discapacidad Mental o Psíquica. Son personas que debido a causas biológicas, psicodinámicas o ambientales son afectadas por alteraciones de los procesos cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos o psicosociales que se traducen en trastornos del razonamiento, de la personalidad, del comportamiento, del juicio y comprensión de la realidad, que les dificultan adaptarse a ella y a sus particulares condiciones de vida, además de impedirles el desarrollo armónico de relaciones familiares, laborales y sociales, sin tener conciencia de la enfermedad psíquica.
  10. Discapacidad Múltiple. Está generada por múltiples deficiencias sean estas de carácter físico, visual, auditivo, intelectual o psíquica.
  11. Grado de Discapacidad Leve. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas existentes que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica de las mismas
  12. Grado de Discapacidad Moderada. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, siendo independiente en las actividades de autocuidado.
  13. Grado de Discapacidad Grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, pudiendo estar afectada alguna de las actividades de autocuidado, requiriendo asistencia de otra persona para algunas actividades.
  14. Grado de Discapacidad muy Grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria y requiere asistencia permanente de otra persona.
  15. Actividades de la Vida Diaria. Se entiende por actividades de la vida diaria aquellas que son comunes a todos los ciudadanos y estas son las actividades de auto cuidado (vestirse, comer, evitar riesgos, aseo e higiene personal) y otras actividades de la vida diaria (comunicación, actividad física, actividad sensorial, funciones manuales, transporte, función sexual, sueño, actividades sociales y de ocio).
  16. Habilitación y Rehabilitación. Son medidas efectivas y pertinentes destinadas a lograr que las personas con deficiencias congénitas o adquiridas puedan obtener la máxima independencia, capacidad física, intelectual, mental, social y vocacional.
  17. Inclusión Social. La inclusión social es el proceso socioeconómico complejo, multifactorial y transdisciplinario que vincula el desarrollo de capacidades de todos los miembros de la sociedad con el acceso igualitario a oportunidades a lo largo del ciclo vital, y con ello, el acceso al bienestar, a redes de relaciones y al ejercicio de la ciudadanía.
  18. Educación Inclusiva. La educación debe dar respuesta a la diversidad mediante adaptaciones físicas, curriculares y personas de apoyo buscando mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades para reducir la exclusión de la educación.
  19. Inclusión Laboral. Derecho al empleo integrado en empresas normalizadas y adaptados, es decir, empleo exactamente igual y en las mismas condiciones y equiparación de oportunidades, de remuneraciones, horarios y beneficios sociales que el de cualquier otro trabajador o trabajadora sin discapacidad, en instituciones públicas o privadas donde la proporción mayoritaria de empleados no tenga discapacidad alguna.
  20. Rehabilitación Basada en la Comunidad. Estrategia para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la integración social de las personas con discapacidad en su propia comunidad.
  21. Desarrollo Inclusivo Basado en la Comunidad. Diseño e implementación de acciones y políticas en su propia comunidad para el desarrollo socioeconómico y humano que procuran la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas, independientemente de su condición social, género, edad, condición física, intelectual, sensorial o mental, culturas, religión, opción sexual, en equilibrio con su medio ambiente.
  22. Ajustes Razonables. Se entenderán las modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales.

CAPÍTULO SEGUNDO

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 6. (DERECHO A LA VIDA). El Estado Plurinacional de Bolivia, garantiza el derecho a la vida de las personas con discapacidad, desde su concepción, al igual que el resto de las personas.

Artículo 7. (DERECHO A PROTECCIÓN DE SU FAMILIA).

  1. La familia siendo el primer espacio de inclusión está obligada a proporcionar protección y bienestar a la persona con discapacidad promoviendo su autonomía y respetando su autodeterminación.
  2. En ningún caso la protección de la familia podrá ser entendida como una limitación al ejercicio de sus derechos y deberes de las personas con discapacidad.

Artículo 8. (DERECHO A CONSTITUIR SU FAMILIA). Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a constituir su propia familia, asumiendo las responsabilidades como padres, madres y cónyuges.

Artículo 9. (DERECHO A LA PROTECCIÓN DEL ESTADO).

  1. El Estado Plurinacional de Bolivia adoptará e implementará políticas públicas destinadas a la protección y el desarrollo integral de la persona con discapacidad, de su familia y/o tutores.
  2. En caso que la persona con discapacidad quede en estado de abandono u orfandad el Estado asumirá la responsabilidad del mismo de acuerdo a sus competencias nacionales, departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos.

Artículo 10. (DERECHO A LA EDUCACIÓN). El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco de la educación inclusiva e integral.

Artículo 11. (DERECHO A LA COMUNICACIÓN EN SISTEMAS Y LENGUAS ALTERNATIVAS). El Estado Plurinacional de Bolivia promueve la comunicación en sistemas y lenguas alternativas para la inclusión y el acceso a la información y al ejercicio pleno de las personas con discapacidad.

Artículo 12. (DERECHO A SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES Y GRATUITOS). El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso de las personas con discapacidad a los servicios integrales de promoción, prevención, atención, rehabilitación y habilitación, con carácter gratuito, de calidad y con calidez, en la red de Servicios Públicos y en los tres niveles de atención.

Artículo 13. (DERECHO A EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE). El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades.

Artículo 14. (DERECHO A LA IDENTIDAD). El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho de la persona con discapacidad a la identidad, respetando su pluriculturalidad, al nombre, nacionalidad, a ser inscrito y registrado inmediatamente después de su nacimiento o cuando así lo requiera, al igual que las demás personas.

Artículo 15. (DERECHO A LA VIVIENDA). El Estado Plurinacional de Bolivia, en todos sus niveles garantiza el derecho a programas y proyectos especiales de vivienda digna y adecuada para las personas con discapacidad, asimismo se tomará las medidas necesarias estableciendo un porcentaje del presupuesto de los planes de vivienda social.

Artículo 16. (DERECHO A ALBERGUES O CENTROS DE ACOGIDA). El Estado Plurinacional de Bolivia, para las personas con discapacidad, en situación de abandono promueve la existencia de albergues o centros de acogida y garantiza una atención con calidad y calidez.

Artículo 17. (DERECHO A LA ACCESIBILIDAD). El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho de las personas con discapacidad a gozar de condiciones de accesibilidad que les permitan utilizar la infraestructura y los servicios de las instituciones públicas, privadas, espacios públicos, medios y sistemas de comunicación, tecnología y transporte, para su utilización y disfrute de manera autónoma con independencia de su condición de discapacidad y a exigir a las instituciones del Estado la adopción de medidas de acción positiva para el ejercicio de éste derecho.

Artículo 18. (DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA).

  1. El Estado Plurinacional garantiza que las personas con discapacidad participen plena y efectivamente en las actividades de políticas públicas, en igualdad de condiciones y oportunidades, al igual que el resto de las personas.
  2. El Tribunal Supremo Electoral introducirá en los actos eleccionarios los ajustes razonables necesarios para que las personas con discapacidad voten libre y conscientemente. Este derecho incluye que ingresen a los recintos de votación acompañados de una persona de confianza elegida por ellos, para recibir la ayuda necesaria.

Artículo 19. (DERECHO A LA INTEGRIDAD).

  1. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental especialmente de niñas, niños y mujeres con discapacidad.
  2. Las mujeres y varones con discapacidad, sus familias y toda persona que trabaja con mujeres, niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad deben estar plenamente informadas de las precauciones que se han de tomar para prevenir el abuso sexual.

Artículo 20. (DERECHO A TOMAR DECISIONES INDEPENDIENTES). Las personas con discapacidad intelectual y mental, leve y/o moderada, tienen el derecho a ser consultadas respecto a todas las decisiones que se refieran a su vida, salud, educación, familia, seguridad social, según sus posibilidades y medios, proyectándose a la vida independiente.

Artículo 21. (PÉRDIDA DE BENEFICIOS DE PERSONAS ALLEGADAS A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD). Las personas a cargo de una persona con discapacidad perderán los beneficios a su favor establecidos en la presente Ley de manera enunciativa y no limitativa, cuando:

  1. La familia natural, la sustituta o los servicios sustitutivos del cuidado familiar, a pesar de contar con servicios de apoyo e información, limitan oportunidades de desarrollo y de autonomía a sus miembros con discapacidad.
  2. Se cometen actos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y todo género de abusos y malos tratos, discriminación, racismo, tipificados en el Código Penal, la Ley Nº 1674 de 15 de diciembre de 1995 y la Ley Nº 045 de 11 de octubre de 2010, Contra el Racismo y toda forma de discriminación.
  3. Se cometen delitos contra la libertad sexual, acoso laboral, a las personas con discapacidad tipificados en la Ley Nº 2033 de 29 de octubre de 1999 y la Ley Nº 054 de 8 de noviembre de 2010.
  4. Se cometa abuso sexual, explotación, trabajos denigrantes o insalubres, especialmente aquellos actos intrafamiliares y en particular los cometidos en contra de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad.
  5. Se impida o limite su participación en actividades sociales, laborales, educativas, culturales, políticas, deportivas o recreacionales de las personas con discapacidad.
  6. Se cometan actos u omisiones de cualquier naturaleza, que impidan, limiten o restrinjan la realización de actividades cotidianas y habituales de las personas con discapacidad.

Artículo 22. (DEBERES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD). En el marco de lo establecido por la presente Ley y sin perjuicio de otros establecidos en la normativa vigente, son deberes de las personas de acuerdo al grado de discapacidad:

  1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, la presente ley y otras normas vigentes del Estado Plurinacional.
  2. Respetar, valorar y defender los derechos humanos.
  3. Promover valores de respeto, solidaridad, honestidad, transparencia, justicia y tolerancia.
  4. Defender los intereses nacionales, sus recursos económicos, naturales y humanos además de los patrimonios culturales.
  5. Realizar acción social y/o trabajo social en beneficio de la sociedad.
  6. Conocer, valorizar, promocionar y promover los conocimientos ancestrales de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas.
  7. Respetar a sus ascendientes y descendientes, fomentando una cultura de diálogo y respeto intergeneracional, de género e intercultural.
  8. Asumir el proceso de su desarrollo personal, actuar con criterio de solidaridad y reciprocidad.
  9. Conocer, informar, proteger y preservar el medio ambiente, la biodiversidad y otros factores ambientales para el cuidado y mejoramiento del entorno físico, social y cultural.
  10. Consumir la medicación prescrita, siendo la responsable de este deber la familia o el Estado, para lograr la estabilidad en su salud de las personas con discapacidad.
  11. Capacitarse y prepararse según sus posibilidades para ser una persona independiente y productiva, debiendo apoyar en este deber la familia.
  12. Someterse a los proyectos y programas dirigidos a su rehabilitación, inclusión social y otros, a su favor.
  13. A su registro, calificación y carnetización.

CAPÍTULO TERCERO

GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 23. (REDUCCIÓN DE POBREZA). El Órgano Ejecutivo, los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales y Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos deberán priorizar el acceso de personas con discapacidad, a planes y programas de promoción e inclusión social y a estrategias de reducción de la pobreza destinadas a eliminar la exclusión, discriminación y superar la marginalidad social de personas con discapacidad, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad, en el marco de sus competencias.

Artículo 24. (PROMOCIÓN ECONÓMICA). Con el objeto de promover el fomento de actividades económicas generadoras de ingresos y empleo, el Órgano Ejecutivo estimulará emprendimientos económicos productivos sociales individuales y colectivos efectuados por personas con discapacidad, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad.

Artículo 25. (ACCESO AL CRÉDITO).

  1. Con la finalidad de superar la exclusión financiera que afecta a personas con discapacidad, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad, el Estado promoverá el acceso a programas de créditos y/o microcréditos, destinado al financiamiento de proyectos de autoempleo, y emprendimientos económicos en general.
  2. Las entidades financieras deberán adecuar toda Política crediticia eliminando todo aspecto restrictivo a libre acceso al crédito por parte de personas con discapacidad, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad distinta a la capacidad de rembolso del crédito.

Artículo 26. (POLÍTICAS DE ESTÍMULO PARA ORGANIZAR SOCIEDADES COOPERATIVAS).

  1. El Estado Plurinacional, promueve y respalda la organización y funcionamiento de las cooperativas organizadas por personas con discapacidad, padres, madres y /o tutores de personas con discapacidad.
  2. II. Para el efecto, el Viceministerio de Empleo Servicio Civil y Cooperativas dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, anualmente aprobarán programas y proyectos destinados al desarrollo del cooperativismo social.

Artículo 27. (MICROCRÉDITOS PARA EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL). El Órgano Ejecutivo promoverá el acceso de personas con discapacidad, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad, al microcrédito; destinado a la constitución de empresas de economía social.

Artículo 28. (RENTA SOLIDARIA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD).

  1. Se establece la renta solidaria para personas con discapacidad grave y muy grave a ser regulado por norma reglamentaria, a partir del año 2013.
  2. En ningún caso, las personas con discapacidad visual podrán percibir la Renta Solidaria, ni aquellas personas con discapacidad mientras desempeñen funciones en el sector público.

Artículo 29. (RECURSOS ECONÓMICOS PARA GESTIÓN PÚBLICA EN DISCAPACIDAD). Los recursos económicos para gestión pública en materia de discapacidad son:

  1. Recursos provenientes de la Ley 3925 de 21 de agosto de 2008, referida a la eliminación de subsidios a partidos políticos.
  2. Donaciones, legados y recursos de cooperación nacional e internacional.

Artículo 30. (RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL). Las empresas privadas legalmente constituidas en todo el territorio del Estado Plurinacional deberán cumplir con la responsabilidad social empresarial a favor de las personas con discapacidad realizando actividades de apoyo para las personas con discapacidad.

Artículo 31. (ÁMBITO DE EDUCACIÓN).

  1. El Estado Plurinacional garantiza la formación de equipos multidisciplinarios para la atención e inclusión de las personas con discapacidad al sistema educativo plurinacional.
  2. II. El Estado Plurinacional garantiza el desarrollo educativo permanente de las potencialidades individuales de la persona con discapacidad psicosocial a través de la constante capacitación de los diferentes estamentos educativos para la atención efectiva del desarrollo de estas potencialidades.

III. El Estado Plurinacional, introducirá en todos los planes de estudio, psicopedagógicos que habiliten a todos los maestros y maestras, en formación para la enseñanza personalizada a todos los estudiantes con discapacidad.

  1. El Estado Plurinacional, en coordinación con los Gobiernos autónomos municipales, promueve y garantiza la supresión de todas las barreras arquitectónicas, psicopedagógicas y comunicacionales existentes en el actual sistema educativo boliviano; y en lo referente a las barreras arquitectónicas obligará gradualmente a suprimirlas en los planos de cualquier unidad educativa que se construya en el país, asumiendo las responsabilidades de las instituciones de acuerdo a sus competencias.
  2. El Estado Plurinacional promoverá la dotación de todos los recursos didácticos y comunicacionales necesarios para la enseñanza a estudiantes con discapacidad a las Unidades Educativas Regulares, Centros de Educación Alternativa y Especial, Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros e Instituciones Técnicas de dependencia fiscal y de convenio.
  3. El Estado Plurinacional, realizará la creación racional de carreras multidisciplinarias para la atención a las necesidades biológicas, psicológicas y sociales de las personas con discapacidad.

VII. El Estado Plurinacional, organizará cursos que capaciten a los docentes en actual ejercicio en el aprendizaje de las técnicas psicopedagógicas necesarias para enseñar a estudiantes con discapacidad, de manera que su ingreso libre en la Universidad sea complementado con adecuaciones curriculares que les permitan la permanencia temporal regular, el egreso oportuno y la enseñanza de calidad en las Universidades Públicas y Privadas.

VIII. Todas las Universidades Públicas y Privadas deberán extender de manera gratuita los diplomas académicos, y títulos en provisión nacional a las personas con discapacidad.

  1. Los Institutos Técnicos, Escuelas de Formación Superior, Universidades Públicas y Privadas deberán facilitar las condiciones para que todos los postulantes y estudiantes con discapacidad sensorial cuenten con instrumentos de evaluación adecuados, especialmente a través de dotación de instrumentos de apoyo en braille e intérpretes de lengua de señas. Asimismo, deberá fomentar en las diversas carreras la enseñanza y aprendizaje de lengua de señas.
  2. El Sistema Universitario Nacional Privado, deberá contar con planes específicos de descuentos en todos sus niveles de estudio y becas para las personas con discapacidad.
  3. El Sistema Universitario Estatal, deberá contar con planes específicos de liberación de valores en todos sus niveles de estudio para las personas con discapacidad, hijos de los mismos, así como los padres de niños con discapacidad.

Artículo 32. (ÁMBITO DE SALUD).

  1. I. El Estado Plurinacional de Bolivia, diseñará, ejecutará y evaluará planes y proyectos para capacitar al personal de la red de servicios de salud pública, para prestar servicios de promoción, prevención y rehabilitación de calidad y con calidez y que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad.
  2. El Estado Plurinacional de Bolivia, otorgará medicamentos e insumos de necesidad permanente relacionados con la discapacidad de manera gratuita para personas con discapacidad, cuando no cuenten con otros mecanismos de provisión, sujeto a reglamento.

III. El Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el Ministerio de Salud y Deportes en coordinación con las entidades territoriales autónomas, mantendrán y distribuirán racionalmente incluyendo mancomunidades de municipios, los equipos multidisciplinarios para la calificación continua de todas las personas con discapacidad.

  1. El Ministerio de Salud y Deportes deberá capacitar al personal de las Unidades Municipales de Atención a la persona con discapacidad de los municipios para que puedan coadyuvar las actividades de los equipos de calificación.
  2. El Estado Plurinacional de Bolivia, establecerá la incorporación de la estrategia de la rehabilitación basada en la comunidad en políticas sociales, culturales, interculturales y económicas para personas con discapacidad.
  3. El Estado Plurinacional de Bolivia, garantizará el acceso a servicios de información de salud sexual y reproductiva a las personas con discapacidad, en toda red de servicios públicos de salud, salvaguardando los derechos sexuales y reproductivos, contra la esterilización obligatoria o suministro de métodos anticonceptivos obligatorios, estableciéndose servicios especializados en planificación familiar para la orientación y prevención de embarazos no deseados.

VII. El Estado Plurinacional garantiza que toda persona con discapacidad, en especial las mujeres, tienen derecho a controlar y resolver libre y responsablemente cuestiones relacionadas con su sexualidad, salud sexual y reproductiva libre de coacciones, discriminaciones y violencia.

VIII. El Estado Plurinacional implementará planes y programas para prevenir todo tipo de discapacidad y mayores grados de discapacidad.

Artículo 33. (LIBERACIÓN DE TRIBUTOS). El Estado Plurinacional otorgará a favor de Centros de Habilitación y Rehabilitación de personas con discapacidad, Organizaciones de Personas con

Discapacidad y personas con discapacidad, debidamente acreditados, la exención total del pago de tributos para la importación de órtesis, prótesis y ayudas técnicas, exceptuando vehículos automotores, estricta y exclusivamente utilizadas en la habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad; no pudiendo ser transferidos a título oneroso.

Artículo 34. (ÁMBITO DEL TRABAJO).

  1. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.
  2. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido.

III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad.

  1. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo.

Artículo 35. (GRATUIDAD A LA PERSONALIDAD JURÍDICA). El Ministerio de Autonomías y los Gobiernos Departamentales del Estado Plurinacional otorgarán el beneficio de gratuidad para el trámite de reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de personas con discapacidad, asociaciones de familiares y/o tutores legales de personas con discapacidad.

Artículo 36. (ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN).

  1. Las instituciones públicas, servicios privados y Unidades Educativas están obligadas a incorporar la comunicación alternativa y un intérprete en Lengua de Señas Boliviana (LSB), para la respectiva traducción a las personas con discapacidad auditiva, en actos de relevancia, nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino.
  2. Las empresas de televisión pública y privada, deben incluir la interpretación a la Lengua de Señas Boliviana, en programas de interés general, cultural, recreativo, político, educativo y social, así como la utilización tecnológica apropiada que permita sustituir la información sonora de los programas.

III. Las instituciones públicas, servicios privados y Unidades Educativas deberán contar con recursos humanos capacitados en lengua de señas y tener la señalización apropiada interna y externa en dichas instituciones, para la atención de personas con discapacidad auditiva y visual.

Artículo 37. (ÁMBITO DE LA ACCESIBILIDAD A INFRAESTRUCTURAS Y OTROS DERECHOS).

  1. El Estado Plurinacional de Bolivia definirá políticas públicas en materia de accesibilidad que garanticen el ejercicio pleno de este derecho.
  2. Todos los Órganos del Estado Plurinacional, en sus distintos niveles, instituciones públicas y privadas, deberán adecuar su estructura arquitectónica, sistemas, medios de comunicación y medios de transporte, de manera gradual, a partir de la promulgación de la presente Ley, para garantizar la accesibilidad a las Personas con Discapacidad.

III. Las nuevas construcciones, sistemas, medios de comunicación y medios de transporte deberán contar con las condiciones de accesibilidad establecidas por la presente Ley a partir de su promulgación.

Artículo 38. (ACCESO A LA JUSTICIA).

  1. El Estado Plurinacional de Bolivia, asegurará que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia y ayuda psicológica, social y comunicacional en igualdad de condiciones con los demás, transversalizando la normativa vigente, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales.
  2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, el Estado Plurinacional promoverá la capacitación adecuada de los operadores y administradores de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.

Artículo 39. (CONCIENTIZACIÓN SOCIAL). Todos los medios de comunicación adoptarán medidas para que la sociedad tome mayor conciencia sobre la situación y condición de las niñas y niños, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades y su contribución a la sociedad, eliminando lenguaje discriminatorio en sus programas o producción de materiales.

Artículo 40. (GRATUIDAD DE LA LIBRETA DE SERVICIO MILITAR). Se establece la gratuidad del trámite de la libreta de servicio militar para las personas con discapacidad que requieran de este documento.

Artículo 41. (GRATUIDAD EN DOCUMENTOS DE REGISTRO CIVIL). El Órgano Electoral Plurinacional implementará las medidas correspondientes que permitan a toda persona con discapacidad grave y muy grave acceder al beneficio de gratuidad en la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción.

CAPÍTULO CUARTO

GESTIÓN PÚBLICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 42. (UNIDADES ESPECIALIZADAS). El Órgano Ejecutivo, los Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales y Municipales, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 31 de 19 de julio de 2010 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, contarán con unidades especializadas para la ejecución de planes, programas y proyectos integrales a favor de las personas con discapacidad.

Artículo 43. (TRANSVERSALIDAD DE LA TEMÁTICA DE DISCAPACIDAD). El Estado Plurinacional en todos sus niveles deberá transversalizar la temática de discapacidad, en su régimen normativo, planes, programas y proyectos de acuerdo a su competencia.

Artículo 44. (CONTROL SOCIAL). Las políticas públicas, programas y proyectos en materia de discapacidad, estarán sujetos al control social, rendición de cuentas y a la consulta permanente con las organizaciones de personas con discapacidad.

Artículo 45. (COMITÉ NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD).

  1. El Comité Nacional para Personas con Discapacidad – CONALPEDIS es una entidad descentralizada, para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, con autonomía de gestión y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Justicia, está encargado de la planificación estratégica en materia de discapacidad.
  2. El CONALPEDIS contará con un Directorio con funciones de control y fiscalización. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos del total de los miembros.

III. La estructura organizacional del CONALPEDIS será establecida mediante Decreto Supremo Reglamentario que deberá ser promulgado dentro de los ciento veinte días siguientes a la promulgación de la presente Ley.

  1. El Estado a través del CONALPEDIS fiscalizará y regulará a las entidades privadas especializadas en la atención de la discapacidad a través de mecanismos de acreditación e implantación de protocolos técnicos y científicos.
  2. El Estado, mediante el CONALPEDIS orientará la transformación gradual de las instituciones especializadas y centros de educación especial hacia la conformación de centros de recursos de rehabilitación, conforme a la política mundial de rehabilitación basada en la comunidad.
  3. El Estado, a través del CONALPEDIS, coordinará con la Confederación Boliviana de las Personas con Discapacidad y otras organizaciones nacionales, departamentales y municipales, legalmente reconocidas, en la elaboración de políticas públicas, programas y proyectos.

Artículo 46. (ATRIBUCIONES DEL COMITÉ NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD). Son atribuciones del Comité Nacional de Personas con Discapacidad – CONALPEDIS las siguientes:

  1. Tomar acciones para generar la equiparación de oportunidades en las personas con discapacidad.
  2. Impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y hacerlos exigibles ante la autoridad competente.
  3. Promover y coordinar con otras instituciones del Estado medidas para incrementar la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención de la población con discapacidad.
  4. Promover y fomentar el enfoque de discapacidad bajo un modelo social de derechos en el marco de una cultura de la dignidad, respeto de las personas con discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y concientización con un enfoque de inclusión social.
  5. Tomar acciones para el cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales, relacionados con discapacidad.
  6. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países y organismos internacionales relacionados con la discapacidad.
  7. Establecer relaciones con las autoridades de la Policía Boliviana en materia de seguridad pública para personas con discapacidad y medidas de prevención.
  8. Difundir, promover y publicar textos y obras relacionadas con las materias objeto de esta Ley.
  9. Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y Ministerios del Órgano Ejecutivo que realicen programas y proyectos relacionados con las personas con discapacidad.
  10. Registrar a las Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones y Asociaciones Civiles sin fines de lucro que trabajan con programas y proyectos en materia de discapacidad.
  11. Realizar y actualizar un registro de los programas públicos y privados de servicio social, religioso, de convenio y autoayuda de personas con discapacidad.
  12. Elaborar proyectos de normas para la adecuación de la presente Ley en todos los ámbitos.

Artículo 47. (DIRECTORIO).

  1. Son miembros del Directorio del Comité Nacional de las Personas con Discapacidad:
  2. Nueve representantes de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad – COBOPDI.
  3. Nueve representantes del Órgano Ejecutivo designados mediante Resolución Ministerial de los Ministerios de Justicia, Salud y Deportes, Trabajo Empleo y Previsión Social, Obras Públicas Servicios y Vivienda, Comunicación, Educación, Presidencia, Planificación del Desarrollo y Economía y Finanzas Públicas.
  4. Los representantes del Órgano Ejecutivo no percibirán dietas, ni remuneraciones.

III. Sus atribuciones serán establecidas mediante norma reglamentaria.

  1. El o la Director(a) Ejecutivo(a) del CONALPEDIS será designado(a) por el Órgano Ejecutivo.

Artículo 48. (ATRIBUCIÓN DE LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS AUTÓNOMAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES).

  1. Los Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales, dictarán normas sobre condiciones y especificaciones técnicas de diseño y elaboración de proyectos y obras de edificación, en construcciones públicas, así como para la adecuación de las ya existentes.
  2. En concordancia con las normas regulatorias aprobadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, las Asambleas Legislativas Departamentales y Concejos Municipales dictarán normas que garanticen accesibilidad para personas con discapacidad en los siguientes ámbitos:
  3. Rutas y vías peatonales accesibles, libres de barreras arquitectónicas de acuerdo a reglamentación.
  4. Señalización de sistemas de avisos en espacios públicos para orientar a personas con discapacidad, en formatos accesibles a personas con deficiencias físicas, auditivas, visuales e intelectuales.
  5. Señales de acceso a través de símbolos convencionales de personas con discapacidad utilizados para señalar la accesibilidad a edificios, condominios, multifamiliares y cualquier espacio público en general, en formatos accesibles a personas con deficiencias físicas, auditivas, visuales e intelectuales.
  6. Beneficios extraordinarios y descuentos cuando se utilicen medios de transporte aéreo, fluvial, ferroviario, lacustre y terrestre, interdepartamental, provincial o interurbano para las personas con discapacidad y su acompañante, de acuerdo a reglamentación.
  7. Privilegio en los espacios de parqueos públicos y libre estacionamiento.
  8. Señalización de audición para personas ciegas en todos los espacios públicos y privados.
  9. Otras normas que faciliten accesibilidad a las personas con discapacidad.

Artículo 49. (ROL PARTICIPATIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD). El Estado Plurinacional promoverá todas las formas de auto organización de las personas con discapacidad, adoptadas para la defensa de sus derechos y obligaciones civiles, sociales, económicas y garantiza su participación efectiva en la toma de decisiones en materia de políticas públicas permanentes sobre discapacidad.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA. Se dispone transitoriamente la vigencia de los derechos para las personas con discapacidad, establecidos en la Ley Nº 1678 de fecha 15 de diciembre de 1995, hasta que se aprueben los estatutos autonómicos, cartas orgánicas y otras disposiciones legales de otros niveles del Estado.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. Se mantiene vigente la Ley de 22 de enero de 1957, que crea el Instituto Boliviano de la Ceguera y los Decretos Reglamentarios.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

ÚNICA. Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil doce años.

Fdo. Lilly Gabriela Montaño Viaña, Richard Cordel Ramírez, Mary Medina Zabaleta, David Sánchez Heredia, Wilson Changaray T., Ángel David Cortés Villegas.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de marzo de dos mil doce años.

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira Iporre, Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Daniel Santalla Torrez, Juan Carlos Calvimontes Camargo, Felipe Quispe Quenta, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Claudia Stacy Peña Claros, Nardy Suxo Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres.

 

 

LEY N° 475

LEY DE 30 DE DICIEMBRE DE 2013

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

DECRETA:

LEY DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto:

  1. Establecer y regular la atención integral y la protección financiera en salud de la población beneficiaria descrita en la presente Ley, que no se encuentre cubierta por el Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo.
  2. Establecer las bases para la universalización de la atención integral en salud.

 

ARTÍCULO 2. (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la presente Ley son los siguientes:

  1. Integralidad. Articula los procesos de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de la enfermedad, con calidad, calidez, pertinencia, oportunidad, continuidad e idoneidad, a la persona, familia y comunidad.
  2. Intraculturalidad. Recupera, fortalece y revitaliza la identidad cultural de los pueblos y naciones indígena originario campesinos y afrobolivianos, en el proceso salud – enfermedad de la persona, familia y comunidad.
  3. Interculturalidad. Reconoce, acepta y respeta los sentires, saberes, conocimientos y prácticas de los pueblos y naciones indígena originario campesinos y afrobolivianos, a través de acciones y servicios que asumen recíprocamente las lógicas culturales en salud, con la articulación de las medicinas tradicionales y académicas.
  4. Calidad en Salud centrada en la persona y la comunidad. Responsabiliza y compromete a las organizaciones e instituciones de salud para aplicar los conocimientos y tecnologías disponibles, garantizando el buen trato y la capacidad resolutiva adecuada a las necesidades y expectativas de las y los usuarios.
  5. Oportunidad. Los servicios de salud se brindan en el momento y circunstancias que la persona, familia y comunidad los necesiten, obteniendo el máximo beneficio sin postergaciones que pudiesen generar perjuicios, complicaciones o daños.

ARTÍCULO 3. (DEFINICIONES). En el ámbito de aplicación de la presente Ley, se entiende por:

  1. Protección Financiera en Salud. Es la garantía que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia a las y los beneficiarios establecidos en la presente Ley que accedan a los servicios de salud de primer nivel, que sean referidos al segundo y tercer nivel, y a aquellos considerados como casos de urgencia y emergencia para que reciban gratuitamente las prestaciones de salud definidas por el Ministerio de Salud y Deportes, reduciendo el gasto de bolsillo de las familias y la posibilidad de que las mismas sufran un gasto catastrófico en salud.
  2. Gasto de Bolsillo en Salud. Son todos los tipos de gastos sanitarios realizados por las familias en el momento en que uno de sus miembros se beneficia de un servicio de salud como ser honorarios médicos, compra de medicamentos, pago de servicios hospitalarios y otros.
  3. Gasto Catastrófico en Salud. Es todo aquel gasto que obliga a una familia a destinar más del treinta por ciento (30%) de su capacidad de pago, al financiamiento de la salud de sus miembros, mermando súbitamente su capacidad para cubrir otras necesidades básicas como la alimentación, educación o vivienda.
  4. Atención Integral de Salud. Son las acciones de promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades con tecnología sanitaria existente en el país y de acuerdo a capacidad resolutiva de los establecimientos de salud.
  5. Tecnología Sanitaria. Es el conjunto de medicamentos, dispositivos y procedimientos médicos o quirúrgicos usados en la atención sanitaria, así como los sistemas organizativos y de soporte, dentro, de los cuales se proporciona dicha atención.
  6. Equipo Móvil de Salud. Es un equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de salud que realiza atención en lugares alejados o en aquellos que no son cubiertos por el personal de los establecimientos de salud.
  7. Atenciones de Salud Sexual y Reproductiva. Son todas las acciones destinadas a la prevención y tratamiento de lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino, así como la orientación y provisión de métodos de anticoncepción voluntaria y libremente consentida, el tratamiento de infecciones de transmisión sexual y aquellas priorizadas por el Ministerio de Salud y Deportes, que guarden estrecha relación con una maternidad segura.

ARTÍCULO 4. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley tiene corno ámbito de aplicación el nivel central del Estado, las entidades territoriales autónomas y los subsectores de salud público, de la seguridad social de corto plazo y privado bajó convenio y otras entidades reconocidas por el Sistema Nacional de Salud.

CAPÍTULO II

BENEFICIARIAS Y BENEFICIARIOS, PRESTACIONES Y ACCESO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD

ARTÍCULO 5. (BENEFICIARIAS Y BENEFICIARIOS). Son beneficiarias y beneficiarios de la atención integral y protección financiera de salud, todos los habitantes y estantes del territorio nacional que no cuenten con algún seguro de salud y que estén comprendidos en los siguientes grupos poblacionales:

  1. Mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los seis (6) meses posteriores al parto.
  2. Niñas y niños menores de cinco (5) años de edad.
  3. Mujeres y hombres a partir de los sesenta (60) años.
  4. Mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva.
  5. Personas con discapacidad que se encuentren calificadas según el Sistema Informático del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad — SIPRUNPCD.
  6. Otros que se determinen por Resolución del Consejo de Coordinación Sectorial de Salud, refrendado y aprobado por Decreto Supremo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de la presente Ley.

ARTÍCULO 6. (PRESTACIONES DE SALUD).

  1. La atención integral de salud comprende las siguientes prestaciones: acciones de promoción, prevención, consulta ambulatoria integral, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, y la provisión de medicamentos esenciales, insumos médicos y productos naturales tradicionales.
  2. El Ministerio de Salud y Deportes, reglamentará a través de norma específica las prestaciones a ser otorgadas los costos, las exclusiones, la modalidad de pago y la ampliación de las prestaciones, beneficiarias y beneficiarios en el marco de la atención integral y protección financiera de salud.

ARTÍCULO 7. (ACCESO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD).

  1. Las beneficiarias y beneficiarios accederán a los servicios de salud de la atención integral y protección financiera de salud, obligatoriamente a través de los establecimientos de salud del primer nivel de los subsectores públicos, de la seguridad social a corto plazo y privados bajo convenio, y los equipos móviles de salud en el marco de la Política SAFCI.
  2. El acceso al segundo nivel, será exclusivamente mediante referencia del primer nivel.

III. El acceso al tercer nivel, será exclusivamente mediante referencia del segundo o primer nivel.

  1. Se exceptúa de lo establecido en el presente Artículo, los casos de emergencia y urgencia que serán regulados por el Ministerio de Salud y Deportes, que deben ser atendidos inmediata- mente en cualquier nivel de atención del Sistema Nacional de Salud.

CAPÍTULO III

FINANCIAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD

ARTÍCULO 8. (FINANCIAMIENTO). La protección financiera en salud será financiada con las siguientes fuentes:

  1. Fondos del Tesoro General del Estado.
  2. Recursos de la Cuenta Especial del Diálogo 2000.
  3. Recursos de la Coparticipación Tributaria Municipal. 4. Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

ARTÍCULO 9. (FONDOS DEL TESORO GENERAL DEL ESTADO). El Tesoro General del Estado financiará los recursos humanos en salud del subsector público y el funcionamiento de los Programas Nacionales de Salud.

ARTÍCULO 10. (CUENTAS MUNICIPALES DE SALUD).

  1. I. Los Gobiernos Autónomos Municipales tendrán a su cargo una cuenta fiscal específica, denominada “Cuenta Municipal de Salud”, para la administración de:
  2. El quince y medio por ciento (15.5%) de los recursos de la Coparticipación Tributaria Municipal o el equivalente de los recursos provenientes del IDH municipal.
  3. Los recursos que les sean transferidos por el Fondo Compensatorio Nacional de Salud.
  4. II. La Cuenta Municipal de Salud estará destinada a financiar las prestaciones que sean de- mandadas en establecimientos del primer, segundo y tercer nivel existentes en la jurisdicción municipal, por toda beneficiaria y beneficiario que provenga de cualquier municipio.

III. En caso de existir saldos anuales acumulados de recursos en las Cuentas Municipales de Salud, serán reasignados a las mismas para la siguiente gestión o podrán ser utilizados para la contratación de recursos humanos, fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud, o en programas especiales de salud.

ARTÍCULO 11. (FONDO COMPENSATORIO NACIONAL DE SALUD).

  1. I. Se crea el Fondo Compensatorio Nacional de Salud – COMSALUD, que será administrado por el Ministerio de Salud y Deportes, estará destinado a complementar oportuna y eficazmente los recursos de las Cuentas Municipales de Salud cuando los Gobiernos Autónomos Municipales demuestren que los recursos de dichas cuentas sean insuficientes para la atención de las beneficiarias y los beneficiarios.
  2. II. El Fondo Compensatorio Nacional de Salud – COMSALUD permitirá administrar:
  3. El diez por ciento (10%) de los recursos de la Cuenta Especial del Diálogo 2000 hasta su cierre.
  4. A partir del cierre de la Cuenta Especial del Diálogo 2000, el Tesoro General del Estado asignará un monto similar al promedio otorgado al Fondo Solidario Nacional del SUMI en el periodo 2009-2012.

III. Al final de cada gestión, en caso de existir saldos en el Fondo Compensatorio Nacional de Salud COMSALUD, los recursos serán reasignados al mismo para la siguiente gestión o podrán ser utilizados de acuerdo a priorización y reglamentación del Ministerio de Salud y Deportes, para:

  1. Ampliación de Prestaciones.
  2. Ampliación de Beneficiarias y Beneficiarios.
  3. Ampliación o creación de programas especiales en salud.

CAPÍTULO IV

BASES PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD

ARTÍCULO 12. (AMPLIACIÓN O INCLUSIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, BENEFICIARIAS, BENEFICIARIOS Y PRESTACIONES).

  1. I. El Ministerio de Salud y Deportes y las entidades territoriales autónomas, a través del Consejo de Coordinación Sectorial de Salud, podrán acordar el incremento de los porcentajes de las fuentes de financiamiento asignados a las Cuentas Municipales de Salud y al Fondo Compensatorio Nacional de Salud – COMSALU, o la inclusión de otras adicionales destinadas a la ampliación de las prestaciones, de beneficiarias y beneficiarios de acuerdo a priorización del sector y disponibilidad financiera.
  2. II. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, de acuerdo a la Resolución del Consejo de Coordinación Sectorial de Salud, refrendará y aprobará a través de Decreto Supremo las ampliaciones que sean concertadas.

ARTÍCULO 13. (CREACIÓN DE ITEMS ADICIONALES PARA PERSONAL DE SALUD). Los Gobiernos Autónomos Departamentales y los Gobiernos Autónomos Municipales, podrán destinar recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos que les sean asignados a la creación de ítems adicionales para personal de salud de los establecimientos de salud de su ámbito territorial, en coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes de acuerdo a normativa vigente.

ARTÍCULO 14. (FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS DE SALUD). Las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias y atribuciones autonómicas en salud, podrán asignar recursos adicionales provenientes de impuestos regalías o de sus propios recursos, diferentes a los señalados en los Artículos 10 y 11 de la presente Ley, para el financiamiento de prestaciones extraordinarias o programas especiales para las poblaciones más vulnerables, de acuerdo a normativa vigente, dentro de su ámbito territorial que no estén establecidas en el marco de la presente ley, previa coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

ÚNICA. Los Entes Gestores de Seguridad Social de Corto Plazo, condonarán el pago de los re- cargos accesorios aplicados a las primas de cotizaciones que se encuentran pendientes de pago a partir de la vigencia de la Ley N° 3323 de 16 de enero de 2006 y la implementación del Seguro de Salud para el Adulto Mayor – SSPAM, en favor de los Gobiernos Autónomos Municipales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.

  1. Se dispone el cierre técnico del Seguro Universal Materno Infantil – SUMI creado por Ley N° 2426 de 21 de noviembre de 2002, y del Seguro de Salud para el Adulto Mayor – SSPAM creado por Ley

N° 3323 de 16 de enero de 2006, en el plazo de hasta noventa (90) días hábiles, computables a partir de la publicación de la presente Ley.

  1. II. Las prestaciones y convenios de los Seguros objeto de cierre en el Parágrafo anterior, mantendrán su vigencia hasta la publicación del Decreto Supremo reglamentario.

SEGUNDA. La presente Ley será reglamentada mediante Decreto Supremo en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles, computables a partir de la publicación de esta Ley.

TERCERA. Los saldos correspondientes a las Cuentas Municipales de Salud -SUMI, al 31 de diciembre del año en curso, una vez que sean canceladas todas las deudas por concepto de atención del SUMI, en el marco de la Gestión del Sistema Nacional de Salud, serán dispuestos por los Gobiernos Autónomos Municipales, para el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de salud en su municipio.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

ÚNICA.

  1. Se abrogan las siguientes disposiciones:
  2. Ley N° 2426 de 21 de noviembre de 2002, Seguro Universal Materno Infantil.
  3. Ley N° 3250 de 6 de diciembre de 2005, Ampliación del SUMI,
  4. Ley N° 3323 de 16 de enero de 2006, Seguro de Salud para el Adulto Mayor.
  5. Decreto Supremo N° 26874 de 21 de diciembre de 2002, Reglamento de Prestaciones y Gestión del SUMI.
  6. Decreto Supremo N° 26875 de 21 de diciembre de 2002, Modelo de Gestión y DILOS.
  7. Decreto Supremo N° 28968 de 13 de diciembre de 2006, Reglamento dé Prestaciones y Gestión del SSPAM.
  8. II. Se abrogan y derogan todas las disposiciones normativas contrarias a la presente Ley. Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veinte días del mes de diciembre de dos mil trece años.

Fdo. Lilly Gabriela Montaño Viaña, Betty Asunta Tejada Soruco, Andrés Agustín Villca Daza, Claudia Jimena Torres Chávez. Marcelo Ello Chávez, Ángel David Cortés Villegas.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil trece.

 

 

 

LEY N° 977

LEY DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

LEY DE INSERCIÓN LABORAL Y DE AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto:

  1. Establecer la inserción laboral en los sectores público y privado, de personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave.
  2. Crear un Bono mensual para las Personas con Discapacidad grave y muy grave.

ARTÍCULO 2. (INSERCIÓN LABORAL OBLIGATORIA E INTERMEDIACIÓN).

  1. Todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave o muy grave, en un porcentaje no menor al cuatro por ciento (4%) de su personal.

En el mismo porcentaje, están obligados a aplicar las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana respecto a su personal administrativo.

  1. Todas las empresas o establecimientos laborales del sector privado, que desarrollen cualquier actividad en el territorio nacional, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en un porcentaje no menor al dos por ciento (2%) de su personal.

III. Las instituciones del sector público señaladas en el Parágrafo I del presente Artículo, podrán insertar laboralmente mediante invitación directa, a personas con discapacidad; de la misma manera hacerlo en el caso de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave.

En aquellos casos en los que se requiera la intermediación laboral, ésta será ejercida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Bolsa de Trabajo del Servicio Público de Empleo.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, es la única institución autorizada para ejercer la autorización de intermediación laboral. Cualquier persona natural o jurídica que realice intermediación laboral de persona con discapacidad, o la madre o el padre, cónyuge o la tutora o el

tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad, será denunciada ante el Ministerio Público por presunta comisión de delitos de trata y tráfico de personas.

  1. Las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del sector privado que inserten laboralmente en porcentajes superiores a los establecidos en el presente Artículo, obtendrán distinciones y reconocimientos a establecerse en norma reglamentaria.
  2. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación.
  3. Las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del sector privado deberán:
  4. Brindar accesibilidad a su personal con discapacidad.
  5. Realizar reportes trimestrales al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conforme a reglamentación especial.

VII. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, es la entidad encargada de coordinar con el Ministerio de Salud, la interoperabilidad de datos en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad – SIPRUN.PCD, y del Sistema de Control de Afiliados – SICOA del Instituto Boliviano de la Ceguera, de acuerdo al Artículo 3 del Decreto Supremo N° 1893.

VIII. Las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del sector privado, tienen la obligación de adjuntar a las planillas que se entregan trimestralmente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, información sobre las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, que hayan sido insertadas laboralmente, y de los puestos laborales vacantes para este mismo fin, debiendo esta cartera de Estado mantener un registro actualizado.

ARTÍCULO 3. (BONO MENSUAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE).

  1. Es responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Municipales, el pago de un Bono mensual para las Personas con Discapacidad grave y muy grave, que tengan acreditado legalmente su domicilio en su respectiva jurisdicción.
  2. Se exceptúa el pago del Bono mensual a las personas que ya se encuentren beneficiadas con la inserción laboral, establecida en el Artículo 2 de la presente Ley.

III. El monto del Bono mensual para las Personas con Discapacidad grave y muy grave, es de Bs250.- (Doscientos Cincuenta 00/100 Bolivianos), el cual entrará en vigencia a partir de la gestión 2018.

  1. Los Gobiernos Autónomos Municipales financiarán el pago del Bono mensual para Personas con Discapacidad grave y muy grave, con recursos de cualquiera de sus fuentes de ingresos.
  2. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, asignará anualmente recursos del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, por un monto máximo de hasta Bs15.000.000.- (Quince Millones 00/100 Bolivianos) destinados a aportar al pago del Bono mensual para las Personas con Discapacidad grave y muy grave, conforme a reglamentación específica.
  3. Las y los beneficiarios del Bono mensual para las Personas con Discapacidad grave y muy grave, deberán estar registrados en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad – SIPRUN.PCD del Ministerio de Salud y contar con el carnet de discapacidad vigente, de acuerdo a reglamento.

VII. Los Gobiernos Autónomos Municipales tendrán acceso a la Base de Datos del SIPRUN.PCD y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, de acuerdo a reglamento.

VIII. Los Gobiernos Autónomos Municipales elaborarán los procedimientos para ejecutar el pago del Bono mensual para las Personas con Discapacidad grave y muy grave.

  1. Se exceptúa de las disposiciones del presente Artículo, las personas con discapacidad que perciban el bono de indigencia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. El cumplimiento del Artículo 3 de la presente Ley será exigible a partir de la interoperabilidad del SIPRUN.PCD, del Sistema del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y su acceso por jurisdicción municipal.

SEGUNDA. La renta solidaria a favor de las personas con discapacidad, se pagará hasta el 31 de diciembre de 2017.

TERCERA. La reglamentación de la presente Ley, se deberá realizar en un plazo no mayor a noventa (90) días calendario a partir de su publicación.

CUARTA. Los Gobiernos Autónomos Municipales realizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y ABROGATORIAS

PRIMERA. Se deroga el Artículo 28 y los Parágrafos II y IV del Artículo 34 de la Ley N° 223 de 2 de Marzo de 2012, “Ley General para Personas con Discapacidad”.

SEGUNDA. Se abrogan: el Decreto Supremo N° 1133 de 8 de febrero de 2012, el Decreto Supremo N° 1498 de 20 de febrero de 2013, y el Decreto Supremo N° 2626 de 9 de diciembre de 2015.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Omar Paul Aguilar Condo, Patricia M. Gómez Andrade, Gonzalo Aguilar Ayma, Ginna María Tórrez Saracho.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.

FDO. EVO MORALES AYMA, René Martínez Callahuanca, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Mario Alberto Guillén Suárez, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ariana Campero Nava.

 

 

DECRETO SUPREMO No 27837

12 DE NOVIEMBRE DE 2004

CARLOS D. MESA GISBERT

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

  • Que la Ley No 1678 de 15 de diciembre de 1995 – Ley de la Persona con Discapacidad, regula los derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad, estantes y habitantes en el territorio de la República.
  • Que por Resolución No 37/52 de 3 de diciembre de 1982, fue aprobado el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, en el que se define con propiedad y se uniforma la terminología en materia de discapacidades y, se adopta el término Discapacidad para referirse a toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o en el margen que se considera normal para un ser humano.
  • Que del 12 al 19 de octubre de 1998, se cumplieron una serie de actividades para conmemorar la “Semana de la Persona con Discapacidad”.
  • Que en fecha 15 de Noviembre de 2003, en la ciudad de Santa Cruz, se llevó a cabo un evento de importancia para el sector de personas con discapacidad, donde asistieron organizaciones como la Red Iberoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad – RIADIS y la Red Iberoamericana Intergubernamental de Cooperación Técnica – RIICOTEC, evento en el que se rechazaron todas las formas de discriminación racial, social, religiosa, de género o de orientación sexual, de discapacidad y, otras formas de discriminación.
  • Que el Gobierno Nacional, mediante el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, ejecutará políticas a todo nivel en materia de discapacidades en coordinación con otras entidades del Estado y los particulares, velando porque se promueva un mayor entendimiento y concientización respecto de los temas relativos a las personas con discapacidad y, apoyando acciones en favor de su dignidad, derechos, bienestar y su participación plena e igualdad de oportunidades; así como, fortalecer las instituciones y políticas que los beneficien.
  • Que en este contexto, se proclamó el Año 2004 como el Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad.

EN CONSEJO DE GABINETE,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.-

  1. Se declara el día 15 de octubre de cada año, como el “DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.
  2. El presente Decreto Supremo se aplicará en todo el territorio nacional donde existan personas con discapacidad.

III. Las instituciones públicas y privadas que cuenten con personas con discapacidad cumpliendo funciones laborales, deben realizar un pequeño acto para conmemorar el Día de la Persona con Discapacidad, con el objeto de integrarlas plenamente a su centro de trabajo.

  1. Se abroga el Decreto Supremo No 18603 de 17 de septiembre de 1981.

Los Señores Ministros de Estado en los Despachos de Salud y Deportes y, Trabajo quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.

 

 

 

 

DECRETO SUPREMO Nº 839 (Incorpora D.S. 1944).

06 de abril 2011

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- (OBJETO)

El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad FNSE a favor de las personas con discapacidad.

CAPÍTULO I

DE LA UNIDAD EJECUTORA

ARTÍCULO 2°.- (CREACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA)

  1. Se crea la Unidad Ejecutora como institución pública desconcentrada, dependiente del Ministerio de la Presidencia, con la finalidad de ejecutar los Recursos del FNSE a favor de las personas con discapacidad.
  2. La sede de la Unidad Ejecutora es la ciudad de La Paz.

ARTÍCULO 3°.- (FUNCIONES)

La Unidad Ejecutora tiene las siguientes funciones:

  1. Contribuir en la definición y revisión de programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad.
  2. Ejecutar e implementar programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad.
  3. Sistematizar y hacer seguimiento a la ejecución de programas y proyectos a favor de personas con discapacidad.
  4. Establecer mecanismos de coordinación con las entidades públicas y privadas cuya responsabilidad es la atención a las personas con discapacidad para la definición, ejecución, evaluación y seguimiento de programas y proyectos del FNSE.
  5. Supervisar, controlar y monitorear programas y proyectos a favor de personas con discapacidad.
  6. Implementar mecanismos de acción que permitan transparentar la información ante la sociedad, y de manera específica, ante las organizaciones de personas con discapacidad sobre la ejecución técnica y presupuestaria de los programas y proyectos del FNSE.
  7. Ejecutar otras funciones inherentes que le sean asignadas por el Ministerio de la Presidencia en el marco de sus competencias específicas que no generen duplicidades ni costos adicionales.
  8. Ejecutar otras actividades autorizadas por el Ministro de la Presidencia en beneficio de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 4°.- (ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL)

  1. La Unidad Ejecutora, está a cargo de una Directora o Director General Ejecutivo, nombrado por el Ministro de la Presidencia mediante Resolución Ministerial.
  2. II. La estructura interna y reglamento de funcionamiento de la Unidad Ejecutora se aprobará mediante Resolución Ministerial.

III. Administrativa y legalmente la Unidad Ejecutora coordinará con las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, Administrativos y Planificación al interior del Ministerio de la Presidencia.

ARTÍCULO 5°.- (FINANCIAMIENTO UNIDAD EJECUTORA)

El funcionamiento de la Unidad Ejecutora se financiará a través de:

  1. Recursos del Tesoro General de la Nación – TGN de acuerdo a su disponibilidad financiera.
  2. Otras fuentes de financiamiento.

CAPÍTULO II

DEL FONDO NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y EQUIDAD ARTÍCULO

ARTÍCULO 6°.- (PILARES DEL FNSE)

Se establecen los siguientes pilares:

  1. Generación de Ingresos. Implementar emprendimientos productivos que permitan la inclusión de las personas con discapacidad en la matriz productiva del Estado Plurinacional e incrementar las probabilidades de inserción laboral en empleo y autoempleo para mujeres y hombres con discapacidad.
  2. Desarrollar acciones, programas y proyectos de facilitación del acceso a la salud en sus componentes de promoción, prevención, atención y rehabilitación biopsicosocial, asistencia legal y social, fortalecimiento de organizaciones sociales, así como educación, de las personas con discapacidad.
  3. Mejorar la calidad de vida a través de la generación de proyectos de desarrollo habitacional que posibiliten el acceso a la vivienda en condiciones de habitabilidad favorables, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social y las prioridades definidas para las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 7°.- (BENEFICIARIOS)

Son beneficiarios del presente Decreto Supremo:

  1. Las personas con discapacidad que cuentan con el respectivo certificado o carnet de discapacidad, expedido por el Ministerio de Salud y Deportes a través de los Servicios Departamentales de Salud – SEDES y el Comité Departamental de Personas con Discapacidad – CODEPEDIS.
  2. El tutor legal o familiar responsable reconocido como tal en el carnet de discapacidad.
  3. Las organizaciones sociales conformadas por personas con discapacidad, que cuenten con personería jurídica.
  4. También serán beneficiarios del presente Decreto Supremo aquellas personas con discapacidad que no cuenten con el carnet o certificado de discapacidad pero que hubieran sido identificadas como parte de la población con discapacidad por otros programas y proyectos, a cargo del Ministerio de Salud y Deportes.
  5. Las personas con discapacidad a través de una entidad pública y/o privada, para implementar programas y/o proyectos de la Unidad Ejecutora del FNSE.

ARTÍCULO 8°.- (RECURSOS DEL FNSE)

La Unidad Ejecutora, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Utilizará los recursos del FNSE exclusivamente para financiar programas y proyectos en beneficio de las personas con discapacidad y será utilizado de la siguiente forma.

  1. Hasta un doce por ciento (12%) del monto total asignado anualmente al FNSE para consultorías destinadas a la ejecución de programas y proyectos, por parte de la Unidad Ejecutora.
  2. Para la gestión 2011 y posteriores, se autoriza el incremento de las partidas de gasto del subgrupo 46000 “Estudios y Proyectos para Inversión”, 25800 “Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizabas” y 25200 “Estudios Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones”, para el funcionamiento y la ejecución de los programas y proyectos de la Unidad Ejecutora, para efectos del presente Decreto Supremo; autorizando a los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo, efectuar el registro presupuestario correspondiente, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo de Modificaciones Presupuestarias.
  3. Se garantiza el financiamiento con recursos del FNSE, para los programas y proyectos aprobados mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia, en el marco de los Decretos Supremos No 0256, de 19 de agosto de 2009 y No 0445, de 10 de marzo 2010, cuyo plazo de ejecución concluye el 31 de diciembre de 2011. Los recursos no ejecutados en el plazo previsto serán reasignados a la Unidad Ejecutora del Ministerio de la Presidencia.
  4. A partir de la aprobación del presente Decreto Supremo y en el plazo de treinta (30) días calendario, los ministerios que tengan inscritos en su presupuesto recursos del FNSE y que no tengan Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia, deberán transferir, estos recursos a la Unidad Ejecutora del Ministerio de la Presidencia.
  5. Los recursos aprobados en el marco de los Decretos Supremos No 0256 y No 0445 y cuya ejecución no se encuentre comprometida hasta la promulgación del presente Decreto Supremo, serán reasignados a la Unidad Ejecutora.

ARTÍCULO 9°.- (TRANSFERENCIA PÚBLICO – PRIVADAS)

  1. Se autoriza al Ministerio de, la Presidencia, a través de la Unidad Ejecutora, efectuar transferencias público – privadas a favor de los beneficiarios señalados en el Artículo 7 del presente Decreto Supremo, en el marco de programas y proyectos financiados con recursos del FNSE.
  2. El importe, uso y destinó de las transferencias público – privadas y la reglamentación específica deberán ser aprobados por el Ministro de la Presidencia mediante una Resolución Ministerial.

ARTÍCULO 10°.- (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

  1. Los ministerios que cuenten con programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad, consensuados en el marco de los Decretos Supremos No 0256 y No 0445 y no tengan Resolución Ministerial de aprobación, presentarán los mismos a la Unidad Ejecutora para su implementación.
  2. El Ministerio de la Presidencia, a través de la Unidad Ejecutora coordinará con las entidades públicas involucradas en la atención de personas con discapacidad, la priorización de programas y proyectos.

III. El Ministerio de la Presidencia, a través de la Unidad Ejecutora coordinará con las entidades públicas involucradas en la temática de discapacidad a nivel nacional para que presenten programas y proyectos consensuados con las organizaciones de personas con discapacidad legítima y legalmente establecidas, además de las, personas con discapacidad individuales.

  1. IV. El Ministerio de la Presidencia aprobará un reglamento para la priorización de programas y proyectos presentados.

ARTÍCULO 11.- (ADQUISICIÓN Y TRANSFERENCIA)

  1. La Unidad Ejecutora del FNSE en el marco de la función de ejecutar e implementar programas y/o proyectos en beneficio de las personas con discapacidad, realizará la adquisición de bienes, obras y servicios para las entidades públicas, a través de la suscripción de convenios, para luego ser transferidos a título gratuito, cuyo procedimiento será establecido mediante Reglamento aprobado por Resolución Ministerial del Ministerio de la Presidencia.
  2. Las entidades públicas en el ámbito de sus competencias serán responsables del financiamiento para la administración, conservación, mantenimiento y buen manejo de los bienes transferidos por la Unidad Ejecutora del FNSE, debiendo dar cumplimiento al objetivo del programa y/o proyecto, beneficiando a las personas con discapacidad.

III. El registro contable de la disposición definitiva de bienes de la Unidad Ejecutora del FNSE a favor de las entidades públicas, en el Sistema Oficial de Información de Gestión Pública, se regirá de acuerdo al siguiente procedimiento:

  1. La entrega de bienes por parte de la Unidad Ejecutora del FNSE a las entidades públicas, en la misma gestión en que se realizó su adquisición o incorporación, será registrada de forma inmediata por la Unidad Ejecutora del FNSE reflejando la baja correspondiente del activo con la contracuenta patrimonial;
  2. Las entidades públicas registrarán la recepción del bien en cuentas del activo con la contracuenta patrimonial. A este efecto, utilizará el Sistema de Información de Activos Fijos Oficial, coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;
  3. La transferencia de los bienes de la Unidad Ejecutora del FNSE a favor de las entidades públicas, no tendrá afectación presupuestaria;
  4. En caso que la transferencia de activos por parte de la Unidad Ejecutora del FNSE a las entidades públicas no sea realizada en la misma gestión en la que fueron incorporados en sus registros contables y se mantengan en almacenes o en tránsito, deberá especificarse este hecho en las Notas a los Estados Financieros.

DISPOSICIONES ADICIONALES

ARTÍCULO ADICIONAL ÚNICO.-

Se incluye el inciso s) en el Artículo 22 del Decreto Supremo No 29894, de 7 de febrero de 2009, con el siguiente texto:

“s) Promover e implementar programas y proyectos a favor de personas con discapacidad.”

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

Los señores Ministros de Estado en el Despacho de la Presidencia, y de Economía y Finanzas Públicas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los seis días del mes de abril del año dos mil once.

 

 

DECRETO SUPREMO Nº 1498

20 DE FEBRERO DE 2013

ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA

PRESIDENTE EN EJERCICIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que los numerales 1 y 5 del Artículo 70 de la Constitución Política del Estado, establecen que toda persona con discapacidad goza entre otros derechos, a ser protegido por su familia y por el Estado Plurinacional y al desarrollo de sus potencialidades individuales.

Que el Parágrafo II del Artículo 71 del Texto Constitucional, determina que el Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna.

Que la Ley Nº 3925, de 21 de agosto de 2008, elimina el financiamiento estatal a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, en los años electorales y no electorales y crea el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad – FNSE a favor de las personas con discapacidad, con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación – TGN.

Que el Parágrafo I del Artículo 28 de la Ley Nº 223, de 2 de marzo del 2012, Ley General para Personas con Discapacidad, establece la Renta Solidaria para personas con discapacidad grave y muy grave a ser regulado por norma reglamentaria, a partir del año 2013; asimismo el Parágrafo II dispone que en ningún caso, las personas con discapacidad visual podrán percibir la Renta Solidaria, ni aquellas personas con discapacidad mientras desempeñen funciones en el sector público.

Que el Decreto Supremo Nº 0839, de 6 de abril de 2011, crea la Unidad Ejecutora del FNSE como institución pública desconcentrada, dependiente del Ministerio de la Presidencia, con la finalidad de ejecutar los recursos del FNSE a favor de las personas con discapacidad.

Que es necesario reglamentar el Parágrafo I del Artículo 28 de la Ley Nº 223, a fin de que se pueda proceder con el pago de la Renta Solidaria a partir de la presente gestión, a favor de las personas con discapacidad grave y muy grave.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- (OBJETO) El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar el pago de la Renta Solidaria para personas con discapacidad grave y muy grave a partir de la gestión 2013, así como definir el marco institucional y su financiamiento, conforme establece el Pará- grafo I del Artículo 28 de la Ley Nº 223, de 2 de marzo de 2012, Ley General para Personas con Discapacidad.

ARTÍCULO 2°.- (RENTA SOLIDARIA)

  1. Se establece la Renta Solidaria a favor de personas con discapacidad grave y muy grave, que cuenten con los requisitos señalados en el presente Decreto Supremo.
  2. La Renta Solidaria tendrá un valor de Bs1.000.- (UN mil 00/100 BOLIVIANOS) que será pagada de forma anual, en una sola cuota a partir del 25 de febrero hasta el 31 de diciembre de cada año.

ARTÍCULO 3°.- (RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y EQUIDAD)

  1. El pago de la Renta Solidaria se ejecutará con recursos económicos provenientes del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad – FNSE, a favor de las personas con discapacidad grave y muy grave, con un importe que no podrá exceder Bs20.000.000.- (VEINTE MILLONES 00/100 BOLIVIANOS) anuales destinados para el efecto.
  2. Los costos de servicios de transacción para efectivizar el Pago de la Renta Solidaria serán cubiertas con parte de los recursos establecidos en el Parágrafo precedente.

ARTÍCULO 4°.- (ENTIDAD ENCARGADA DEL PAGO) El Ministerio de Salud y Deportes será la entidad encargada de realizar los pagos de la Renta Solidaria a las personas con discapacidad grave y muy grave que cumplan con lo establecido en el presente Decreto Supremo.

ARTÍCULO 5°.- (SALDOS DEL PAGO DE LA RENTA SOLIDARIA DE GESTIONES PASADAS) Los saldos del pago de la Renta Solidaria de gestiones pasadas que no se hayan pagado, serán acumuladas para el pago de la Renta Solidaria de las siguientes gestiones.

ARTÍCULO 6°.- (REQUISITOS DE HABILITACIÓN Y COBRO)

  1. I. Los beneficiarios o responsables titulares para habilitarse al cobro de la Renta Solidaria deberán estar registrados en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad hasta el 25 de febrero de la gestión correspondiente al pago.
  2. II. Para el cobro de la Renta Solidaria ante las entidades financieras y/o responsables de efectivizar el pago, el beneficiario o responsable titular deberá presentar los siguientes documentos:
  3. Cédula de identidad de la persona con discapacidad;
  4. Carnet de persona con discapacidad;
  5. Cédula de identidad en caso del titular responsable.

ARTÍCULO 7°.- (TITULARES RESPONSABLES DEL COBRO)

  1. El titular responsable de cobro es la persona que se encuentra registrada en el reverso del carnet de persona con discapacidad.
  2. Los titulares responsables del cobro podrán cobrar la Renta Solidaria en representación de:
  3. Las personas con discapacidad intelectual y psíquica;
  4. Las personas con discapacidad física grave y muy grave menores de edad;
  5. Los imposibilitados de movilización previo informe social emitido por los equipos de calificación.

III. En caso de personas con discapacidad que se encuentran internadas en albergues, centros de acogida, centros de rehabilitación que albergan a las personas con discapacidad; dichas instituciones para constituirse en titulares responsables de cobro deberán presentar su personería jurídica que respalde sus funciones, además de presentar el informe por trabajo social que verifique la responsabilidad de resguardo de persona con discapacidad.

ARTÍCULO 8°.- (INFORMES DE OTRAS ENTIDADES) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Pre- visión Social es la entidad responsable de enviar anualmente las listas de personas con discapacidad al Ministerio de Salud y Deportes, que se encuentren desempeñando funciones en el sector público.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO TRANSITORIO ÚNICO.- Se autoriza a las entidades financieras o responsables del pago de la Renta Solidaria, que por única vez para la gestión 2013 se proceda al referido pago con el carnet de persona con discapacidad vencido por no más dos (2) gestiones.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de la Presidencia, de Justicia, y de Salud y Deportes, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil trece.

DECRETO SUPREMO N° 1893

12 DE FEBRERO DE 2014

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

C O N S I D E R A N D O:

Que los Artículos 70 al 72 de la Constitución Política del Estado, reconocen los derechos de las personas con discapacidad, así como las medidas de acción a ser realizadas por el Estado para la promoción de los mismos.

Que la Ley Nº 3925, de 21 de agosto de 2008, elimina el financiamiento a partidos políticos y agrupaciones ciudadanas en los años electorales y no electorales y dispone de estos recursos consistentes en Bs40.000.000.- (Cuarenta Millones 00/100 Bolivianos) y crea el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de las personas con discapacidad.

Que el Decreto Supremo Nº 0839, de 6 de abril de 2011, crea la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad – FNSE, dependiente del Ministerio de la Presidencia, con la finalidad de ejecutar los recursos del FNSE a favor de las personas con discapacidad de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 3925.

Que la Ley Nº 223, de 2 de marzo de 2012, General para Personas con Discapacidad, tiene por objeto garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral.

Que es necesario reglamentar la aplicación de los derechos de las personas con discapacidad señalados en la Ley Nº 223, estableciendo mecanismos y procedimientos para su implementación.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 223, de 2 de marzo de 2012, General para Personas con Discapacidad.

ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). El presente Decreto Supremo se aplicará en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley Nº 223.

ARTÍCULO 3.- (ALCANCE). Las disposiciones del presente Decreto Supremo son aplicables a las personas con discapacidad que cuenten con el Carnet de Discapacidad otorgado por las Unidades Especializadas Departamentales o el Instituto Boliviano de la Ceguera – IBC.

ARTÍCULO 4.- (POLÍTICAS DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN). Las políticas de prevención e información sobre la temática de discapacidad de las entidades públicas y privadas deberán considerar:

  1. Las causas que conllevan a tener discapacidad, ya sea congénita, genética o adquirida;
  2. Las medidas necesarias y oportunas para disminuir la prevalencia e incidencia de deficiencias que causan discapacidad permanente;
  3. La protección efectiva de la dignidad de las personas con discapacidad;
  4. Las acciones conjuntas realizadas por los responsables de los diferentes programas que tratan la temática de prevención y detección precoz de la discapacidad;
  5. Información sobre las instancias competentes para la atención de casos referentes a personas con discapacidad.

ARTÍCULO 5.- (CENTROS INTEGRALES MULTISECTORIALES).

  1. El Ministerio de Educación, de manera gradual y progresiva, implementará Centros Integrales Multisectoriales – CIMs, para brindar una educación integral con el apoyo de los servicios de salud, social y psicológica, garantizando el acceso y permanencia de las personas con discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional, de acuerdo a procedimiento establecido.
  2. El Ministerio de Educación gestionará la firma de convenios para la implementación y el funcionamiento de los CIMs.

ARTÍCULO 6.- (ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ADECUACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS). La infraestructura y mobiliario de las instituciones educativas del Sistema Educativo Plurinacional, serán adecuados y adaptados gradualmente a la normativa específica emitida por el Ministerio de Educación para la eliminación de barreras arquitectónicas.

ARTÍCULO 7.- (MATERIAL EDUCATIVO Y COMUNICACIONAL). El Ministerio de Educación promoverá y orientará la producción y aplicación de materiales educativos y comunicacionales en el Sistema Educativo Plurinacional con enfoque inclusivo, destinados a estudiantes con discapacidad.

ARTÍCULO 8.- (GRATUIDAD DE DIPLOMAS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES).

  1. Las Universidades Públicas, en el marco del Parágrafo VIII del Artículo 31 de la Ley Nº 223, emitirán de manera gratuita los Diplomas Académicos y los Títulos Profesionales a los estudiantes con discapacidad, de acuerdo a su normativa.
  2. Las Universidades Privadas, Universidades de Régimen Especial y Universidades Indígenas, en el marco del Parágrafo VIII del Artículo 31 de la Ley Nº 223, emitirán de manera gratuita los Diplomas Académicos a los estudiantes con discapacidad.

III. El Ministerio de Educación, previo cumplimiento de requisitos, otorgará de forma gratuita los Títulos Profesionales a los estudiantes con discapacidad, egresados de las Universidades Privadas, Universidades de Régimen Especial y Universidades Indígenas.

ARTÍCULO 9.- (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN).

  1. El Ministerio de Educación implementará estrategias específicas para la aplicación de instrumentos de evaluación adecuados al grado y tipo de discapacidad de los estudiantes que cursan en los Institutos Técnicos, Escuelas de Formación Superior, Universidades Privadas, Universidades de Régimen Especial y Universidades Indígenas.
  2. El Ministerio de Educación, a través de la instancia correspondiente, realizará el seguimiento a las instituciones educativas respecto a los procesos de evaluación pertinentes a estudiantes con discapacidad.

ARTÍCULO 10.- (BECAS). El Ministerio de Educación realizará el control de las Universidades Privadas para el cumplimiento de la otorgación de becas a estudiantes con discapacidad, en el porcentaje establecido en normativa a emitirse por dicho Ministerio.

ARTÍCULO 11.- (FORMACIÓN DE MAESTRAS Y MAESTROS). El Ministerio de Educación garantizará la formación de maestras y maestros con enfoque de educación inclusiva prioritariamente en lenguaje alternativo, Lengua de Señas Boliviana, sistema braille y adaptaciones curriculares para la atención de estudiantes con discapacidad.

ARTÍCULO 12.- (MAESTRAS Y MAESTROS DE APOYO).

  1. Los Subsistemas de Educación incorporarán a maestras y maestros de apoyo titulados y con formación pertinente en Lengua de Señas Boliviana, que acompañarán todo el proceso inclusivo de los estudiantes con discapacidad auditiva.
  2. El Ministerio de Educación, a través de la modalidad indirecta, garantizará en las instituciones educativas el apoyo educativo con maestras y maestros inclusivos, de acuerdo al tipo y grado de discapacidad del estudiante.

III. El Ministerio de Educación dotará de ítems para las maestras y maestros de apoyo para las instituciones educativas inclusivas de dependencia fiscal y de convenio del Sistema Educativo Plurinacional.

ARTÍCULO 13.- (FINANCIAMIENTO). Los ítems citados en el Parágrafo III del Artículo 12 del presente Decreto Supremo, serán asignados dentro del margen presupuestario y límites financieros del presupuesto aprobado para el Magisterio Fiscal.

ARTÍCULO 14.- (CERTIFICACIÓN DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y AYUDAS TÉCNICAS). El Ministerio de Salud certificará las órtesis, prótesis y ayudas técnicas utilizadas en la habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad de acuerdo a reglamentación específica.

ARTÍCULO 15.- (CAPACITACIÓN PARA COADYUVAR A LOS EQUIPOS DE CALIFICACIÓN). El Ministerio de Salud, en el marco de sus actividades regulares, capacitará al personal en el área de salud para que puedan coadyuvar en las actividades de los equipos de calificación en atención de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 16.- (SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA). El Ministerio de Salud, en el marco de sus actividades regulares, fortalecerá la consejería en salud sexual y salud reproductiva para las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 17.- (EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE).

  1. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, debe generar el lineamiento de políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad en los planes, programas y proyectos orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad, y/o cónyuges, padres, madres, tutores de personas con discapacidad.
  2. Los planes, programas y proyectos de inclusión laboral para personas con discapacidad, y/o cónyuges, padres, madres, tutores de personas con discapacidad elaborados por las instituciones del nivel central, deberán incorporar los lineamientos de políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad, generados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

ARTÍCULO 18.- (TRANSVERSALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN LABORAL). El nivel central del Estado, deberá transversalizar las políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad, en los planes, programas y/o proyectos que ejecutan en el marco de sus competencias, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a un empleo y trabajo digno.

ARTÍCULO 19.- (RECONOCIMIENTO AL SECTOR PRIVADO POR CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN PREFERENTE). El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reconocerá públicamente a las empresas y entidades privadas que contraten y capaciten a personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres, tutores de personas con discapacidad apoyando a su inclusión socio laboral.

ARTÍCULO 20.- (CAPACITACIÓN PARA LA INCLUSIÓN LABORAL). El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en el marco de sus atribuciones, suscribirá convenios para desarrollar, financiar y ejecutar programas de capacitación de inclusión laboral de personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres, tutores de personas con discapacidad.

ARTÍCULO 21.- (INFRAESTRUCTURA LABORAL). Las entidades públicas y privadas deberán tomar medidas para garantizar que la infraestructura laboral donde las personas con discapacidad desempeñan sus funciones, cuenten con la accesibilidad correspondiente.

ARTÍCULO 22.- (INAMOVILIDAD LABORAL).

  1. Para garantizar la inamovilidad laboral de personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad del sector privado, se procederá conforme a normativa en vigencia.
  2. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, elaborará y aprobará un procedimiento específico para la reincorporación de servidoras y servidores públicos con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y tutores de personas con discapacidad, ante un despido injustificado.

ARTÍCULO 23.- (EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS SOCIALES).

  1. En el marco de sus atribuciones y competencias el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, incentivará el desarrollo de emprendimientos productivos a favor de las personas con discapacidad.
  2. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través de sus diferentes instancias otorgará el asesoramiento técnico necesario a sectores productivos públicos y privados, para que empleen personas con discapacidad en los proyectos productivos que se desarrollen.

ARTÍCULO 24.- (PROGRAMAS DE CRÉDITOS Y MICROCRÉDITOS).

  1. La promoción de acceso a programas de crédito y microcrédito, deberá ser específicamente destinado al financiamiento de proyectos de auto empleo y emprendimientos económicos de las personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y tutores de personas con discapacidad.
  2. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, deberá adecuar la reglamentación específica para que las entidades financieras adapten en lo conducente las modalidades de acceso a créditos y microcréditos para personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y tutores de personas con discapacidad, conforme a normativa vigente.

ARTÍCULO 25.- (EXENCIÓN DEL PAGO DE TRIBUTOS DE IMPORTACIÓN).

  1. La Aduana Nacional previa emisión de informes técnico y jurídico del Comité Nacional de Personas con Discapacidad – CONALPEDIS, mediante resolución expresa y de acuerdo a reglamentación específica, otorgará la exención total del pago de tributos aduaneros a la importación de órtesis, prótesis y ayudas técnicas, a favor de los centros de rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad y personas con discapacidad.
  2. Para tener derecho a los beneficios referidos, los centros de rehabilitación y habilitación y las organizaciones de personas con discapacidad, así como las personas con discapacidad, deberán realizar la importación con la documentación soporte consignado al beneficiario. Únicamente en casos de personas con discapacidad intelectual, mental o psíquica grave y muy grave y menores de edad podrá efectuarse la importación a través de su cónyuge, madre, padre y tutor, con autorización previa del CONALPEDIS.

III. La Aduana Nacional en coordinación con el CONALPEDIS, elaborarán un registro de los beneficiarios de esta exención tributaria a fin de regular la internación de las mercancías.

  1. La transferencia a título oneroso de los bienes importados, podrá efectuarse con el pago total de los tributos exencionados.

ARTÍCULO 26.- (OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES). Los medios de comunicación audiovisuales tienen las siguientes obligaciones:

  1. Los canales de televisión abierta y los proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a las personas con discapacidad auditiva el acceso a su programación sustituyendo la información sonora de sus programas, haciéndolas más accesibles a través de modalidades de Closed Caption o texto escondido y/o subtitulación;
  2. Los medios de comunicación audiovisual, deberán incluir la interpretación a la Lengua de Señas Boliviana en los siguientes programas:
  3. Informativos diarios de producción nacional;
  4. Propaganda electoral;
  5. Debates de interés general, mensajes presidenciales;
  6. Cadenas nacionales;
  7. Campañas o mensajes con contenidos educativos y recreativos;
  8. Programas culturales;
  9. Programas educativos;
  10. Programas deportivos;
  11. Otros que sean de interés y relevancia para las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 27.- (INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS BOLIVIANA). Los intérpretes de Lengua de Señas Boliviana, que trabajen en los medios de comunicación audiovisual que hayan culminado los procesos formativos correspondientes, deberán contar con certificación emitida por el Ministerio de Educación.

ARTÍCULO 28.- (MEDIDAS ADOPTADAS). Los medios de comunicación audiovisual, en el plazo de treinta (30) días calendario a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, deberán informar al Ministerio de Comunicación las medidas concretas que adopten para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 29 del presente Decreto Supremo.

ARTÍCULO 29.- (OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN).

  1. Todos los medios de comunicación públicos y privados tienen las siguientes obligaciones:
  2. Otorgar de manera gratuita espacios para el desarrollo de programas destinados a difundir y hacer conocer la situación, condición, necesidades, derechos, así como difundir mensajes sobre el contenido y alcance de la Ley N° 223 y el presente Decreto Supremo;
  3. Las radioemisoras, otorgarán espacios gratuitos, no menores a veinte (20) minutos al mes;
  4. Los medios de comunicación audiovisual otorgarán espacios gratuitos no menores a diez (10) minutos al mes;
  5. Los medios de comunicación escritos de publicación diaria, una vez al mes de manera gratuita, otorgarán la mitad de una página, destinada a publicar mensajes de concientización sobre la situación, condición, necesidades y derechos de las personas con discapacidad, así como de la Ley N° 223 y el presente Decreto Supremo;
  6. Los medios de comunicación audiovisuales, escritos y radioemisoras, que tengan una versión digital en internet (página web), difundirán publicidad y mensajes de concientización sobre la situación, condición, necesidades y derechos de las personas con discapacidad, así como de la Ley N° 223 y el presente Decreto Supremo, destinando un sector o sección durante diez (10) días continuos al mes.
  7. Todos los medios de comunicación tienen la obligación de eliminar el lenguaje discriminatorio en todos sus programas o producción de materiales. En tal sentido, cuando se refieran a niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad, deberán utilizar el término de personas con discapacidad.

ARTÍCULO 30.- (VIVIENDA). El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través de las instancias correspondientes deberá ejecutar proyectos, planes y programas de vivienda social, destinados a favor de las personas con discapacidad en el marco del Plan Plurianual de Reducción de Déficit Habitacional.

ARTÍCULO 31.- (PLANES DE VIVIENDA SOCIAL)

  1. Los planes de vivienda social para personas con discapacidad serán ejecutados, de acuerdo a disponibilidad presupuestaria de las entidades ejecutoras.
  2. El diseño y la construcción de la vivienda para personas con discapacidad considerará el tipo y grado de discapacidad de la persona beneficiaria y las características técnicas serán establecidas en reglamento específico.

ARTÍCULO 32.- (TRANSPORTE). El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministerio de Transporte, en coordinación con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte – ATT, implementará planes y programas de accesibilidad y medios de transporte interdepartamental para las personas con discapacidad según lo establecido en la Ley Nº 223.

ARTÍCULO 33.- (ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÒN DE INFRAESTRUCTURA). El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, mediante Resolución Ministerial emitirá la norma específica con referencia a la accesibilidad y adecuación de la infraestructura destinada al transporte, en el marco de sus atribuciones.

ARTÍCULO 34.- (TARIFAS PREFERENCIALES DE TRANSPORTE). La ATT, regulará las tarifas preferenciales de transporte interdepartamental, en el marco de sus competencias, a favor de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 35.- (AYUDA PSICOLÓGICA, SOCIAL Y COMUNICACIONAL). El Ministerio de Justicia coordinará con la Policía Boliviana a objeto de brindar ayuda psicológica, social y comunicacional a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad que se encuentren en cualquier condición dentro de un proceso judicial.

ARTÍCULO 36.- (ACCESO A LA JUSTICIA). El Ministerio de Justicia en coordinación con el Órgano Judicial, elaborará un Plan de Acceso a la Justicia para personas con discapacidad que contemple el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

ARTÍCULO 37.- (CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL Y PENITENCIARIO). El Ministerio de Gobierno mediante las instancias correspondientes deberá capacitar al personal policial y penitenciario sobre la normativa referente a discapacidad, la accesibilidad a los recintos policiales y penitenciarios y los medios alternativos de comunicación de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 38.- (RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS). Las instituciones del nivel central del Estado, que se encuentren involucradas con la temática de discapacidad, en la rendición pública de cuentas deberán:

  1. Incluir en sus informes, los programas y proyectos ejecutados a favor de las personas con discapacidad;
  2. Convocar a las organizaciones de personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y tutores de personas con discapacidad a participar en dichos eventos.

ARTÍCULO 39.- (PROMOCIÓN DE FORMAS DE AUTO ORGANIZACIÓN).

  1. El CONALPEDIS promoverá todas las formas de auto organización de las personas con discapacidad a nivel nacional.
  2. El CONALPEDIS promoverá cursos, talleres de liderazgo y fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional.

ARTÍCULO 40.- (PERSONALIDAD JURÍDICA). El Ministerio de Autonomías otorgará de forma gratuita la personalidad jurídica a las organizaciones de personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y tutores de personas con discapacidad, siempre y cuando estas organizaciones desarrollen actividades en más de un departamento y cumplan con los requisitos de la normativa legal vigente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.-

  1. Se modifica el inciso a) del Artículo 1 del Decreto Supremo N° 27661, de 10 de agosto de 2004, con el siguiente texto:

“a) La exención de tributos aduaneros por la importación de mercancías, con excepción de lo dispuesto en los incisos c) y e) del Artículo 28 y el inciso q) del Artículo 133 de la Ley General de Aduanas.”

  1. Se modifica el inciso c) del Artículo 8 del Decreto Supremo N° 27661, de 10 de agosto de 2004, con el siguiente texto:

“c) Las Resoluciones Administrativas de exención de tributos por la importación de mercancías donadas a organismos privados sin fines de lucro y las Resoluciones Administrativas de autorización de transferencia de mercancías importadas con exención de tributos aduaneros entre personas del sector diplomático, entre personas con derecho de exención de tributos de importación o de mercancías que se destinen a un fin que por su naturaleza pueden gozar de derecho de esta exención, serán refrendadas por la Directora o Director General de Asuntos Arancelarios y Aduaneros y firmadas por la Viceministra o Viceministro de Política Tributaria.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Todas las instituciones públicas en el plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, deberán adecuar y elaborar según corresponda sus planes y reglamentación específica.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Las solicitudes de exención tributaria presentadas por los centros de rehabilitación y habilitación, las organizaciones de personas con discapacidad y las personas con discapacidad, con anterioridad a la publicación del presente Decreto Supremo, serán concluidas mediante Resolución Administrativa emitida por el Viceministerio de Política Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- El Ministerio de Justicia coordinará la elaboración e implementación de la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- La aplicación del presente Decreto Supremo y los beneficios otorgados en el mismo, serán financiados con recursos asignados en los techos presupuestarios de los Ministerios del Órgano Ejecutivo relacionados con la temática de discapacidad y los recursos especificados en el Artículo 29 de la Ley N° 223, sin comprometer recursos adicionales del Tesoro General de la Nación – TGN.

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de la Presidencia, de Gobierno, de Economía y Finanzas Públicas, de Desarrollo Productivo y Economía Plural, de Obras Públicas Servicios y Vivienda, de Justicia, de Trabajo, Empleo y Previsión Social, de Salud, de Educación, de Autonomías, de Comunicación y de Deportes, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los doce días del mes de febrero del año dos mil catorce.

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS E INTERINO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL, Juan José Hernando Sosa Soruco, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira Iporre, Elizabeth Sandra Gutierrez Salazar, Daniel Santalla Torrez, Juan Carlos Calvimontes Camargo, José Antonio Zamora Gutiérrez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Claudia Stacy Peña Claros, Nardy Suxo Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres, Tito Rolando Montaño Rivera.

 

 

DECRETO SUPREMO N° 3437

20 de diciembre de 2017

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que los Numerales 1 y 4 del Artículo 70 de la Constitución Política del Estado, disponen entre los derechos de la persona con discapacidad, a ser protegida por su familia y por el Estado y a trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.

Que el Parágrafo II del Artículo 71 del Texto Constitucional, determina que el Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural sin discriminación alguna.

Que mediante Ley Nº 3925 de 21 de agosto de 2008 se elimina el financiamiento estatal de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, en los años electorales y no electorales y crea el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FNSE) a favor de las personas con discapacidad, con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación.

Que la Ley Nº 977 de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad de 26 de septiembre de 2017, establece la inserción laboral en los sectores público y privado de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave y crea el bono mensual para las personas con discapacidad grave y muy grave.

Que el Decreto Supremo N° 3433 de 13 de diciembre de 2017, constituye el Registro Obligatorio de Empleadores – ROE, a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

Que la Disposición Transitoria Tercera de la Ley N° 977 de 26 de septiembre de 2017, establece que su reglamentación deberá realizarse en un plazo no mayor a noventa (90) días calendario a partir de su publicación.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

CAPÍTULO I

INSERCIÓN LABORAL OBLIGATORIA

ARTICULO 1. (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 977, de 26 de septiembre de 2017, de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad.

ARTICULO 2.  (INSERCIÓN LABORAL OBLIGATORIA EN INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO). I. Las instituciones del sector público comprendidas en el Parágrafo I del Artículo 2 de la Ley Nº 977 de 26 de septiembre de 2017, reportarán al Registro Obligatorio de Empleadores – ROE del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social la planilla del total de sus dependientes, incluyendo información detallada de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad de menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave.

  1. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social verificará de la planilla mensual del personal de planta, que las instituciones del sector público cumplan con el porcentaje del cuatro por ciento (4%) de inserción laboral de personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave; consolidando dicho reporte de manera trimestral.

III. En caso de incumplimiento a lo establecido en el Parágrafo precedente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, con base a la información reflejada en el reporte trimestral consolidado, notificará por escrito a las entidades públicas que correspondan, debiendo exhortar a la inserción laboral del cuatro por ciento (4%).

ARTICULO 3. (INSERCIÓN LABORAL OBLIGATORIA EN EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS LABORALES DEL SECTOR PRIVADO). I. La inserción laboral del dos por ciento (2%) será obligatoria para las empresas o establecimientos laborales del sector privado que cuenten con cincuenta (50) o más trabajadoras o trabajadores.

  1. Las empresas o establecimientos laborales del sector privado, reportarán de al Registro Obligatorio de Empleadores – ROE la planilla del total de sus dependientes, incluyendo información detallada de las personas con discapacidad, así como, de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave.

III. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, verificará de manera mensual que dichas empresas o establecimientos laborales del sector privado cumplan con el dos por ciento (2%) de inserción laboral de personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, consolidando dicho reporte de manera trimestral.

  1. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, con base en el reporte trimestral consolidado, en caso de incumplimiento, conminará a las Empresas o Establecimientos Laborales del sector privado procedan a la inserción laboral en el porcentaje del dos por ciento (2%).

ARTICULO 4.  (REQUISITOS DE BENEFICIARIAS Y BENEFICIARIOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL OBLIGATORIA). I. Las personas con discapacidad, la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, que deseen acceder al beneficio de inserción laboral, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Requisitos Generales
    1. Cédula de Identidad vigente.
    2. Carnet de discapacidad vigente registrado en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD) o carnet de afiliado al Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), del beneficiario, de la hija o hijo, tutelada o tutelado y cónyuge, según corresponda.
  2. Además de los requisitos generales según cada caso concreto se presentarán los siguientes requisitos específicos:
    1. Para personas con discapacidad: Únicamente los requisitos generales detallados en el numeral 1 del presente parágrafo.
    2. Para madre o padre: Certificado de nacimiento original de la hija o hijo con discapacidad.
    3. Para tutora o tutor: copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento.
    4. Para cónyuge: certificado de matrimonio o copia legalizada de la resolución judicial de reconocimiento de unión libre que demuestre el vínculo conyugal con la persona con discapacidad grave y muy grave, según corresponda.

ARTICULO 5. (DISTINCIONES E INCENTIVOS).

  1. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en el mes de mayo de cada gestión, realizará un acto público de distinción a las instituciones del sector público y empresas o establecimientos laborales del sector privado que hayan insertado laboralmente a las y los beneficiarios de la Ley N° 977 y el presente Decreto Supremo en porcentajes superiores a los establecidos.
  2. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, otorgará incentivos administrativos a instituciones del sector público y empresas o establecimientos laborales del sector privado que hayan cumplido con la inserción laboral en porcentajes superiores a los establecidos.

ARTICULO 6. (PLATAFORMA PLURINACIONAL DE INFORMACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ”). I. Se crea la Plataforma Plurinacional de Información de Personas con Discapacidad “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ”, con la finalidad de contar con datos actualizados y brindar información sobre personas con discapacidad.

  1. La plataforma “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ” será administrada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, cuya información será obtenida mediante mecanismos de interoperabilidad, conforme a normativa vigente.

III. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Instituto Boliviano de la Ceguera tendrán acceso a la información de la plataforma “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ”.

  1. Los Gobiernos Autónomos Municipales contarán con acceso necesario a la plataforma “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ”, a través de usuarios y contraseñas otorgados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para el pago del bono mensual.

ARTICULO 7. (ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN E INTEROPERABILIDAD DE LA PLATAFORMA “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ”). I. Son responsables de la actualización de la información de la plataforma “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ” el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y el Instituto Boliviano de la Ceguera.

  1. Las instituciones detalladas en el Parágrafo anterior actualizarán la plataforma “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ” mediante los servicios de interoperabilidad con la siguiente información:
  1. El Ministerio de Salud con información de personas con discapacidad registradas en la base de datos del SIPRUNPCD.
  2. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social con información de personas con discapacidad insertadas laboralmente y registradas en el Registro Obligatorio de Empleadores – ROE.
  3. El IBC con información de personas con discapacidad visual registradas en el SICOA.

III. En el marco del fortalecimiento de la plataforma “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ”, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social podrá solicitar la habilitación de servicios de interoperabilidad de otras entidades que cuenten con información de personas con discapacidad.

CAPÍTULO II

ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS

Y PAGO DEL BONO MENSUAL

ARTICULO 7. (PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL BONO MENSUAL).

  1. Los Gobiernos Autónomos Municipales con base en la información generada por la plataforma “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ”, con corte al 30 de junio de cada año, incorporarán en su presupuesto institucional anual los recursos necesarios para el pago mensual a personas con discapacidad grave y muy grave, por el monto de Bs250.- (DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS) por persona.
  2. El registro presupuestario se efectuará en una categoría programática y partidas de gasto específicas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

ARTICULO 9. (PAGO DEL BONO MENSUAL). I. El pago del bono mensual para las personas con discapacidad grave y muy grave, será efectuado a las y los beneficiarios registrados en la plataforma “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ” hasta el 30 de junio de la gestión anterior.

  1. Los Gobiernos Autónomos Municipales conectados al Sistema de Gestión Pública (SIGEP) procederán al pago del bono mensual para personas con discapacidad grave y muy grave a través del SIGEP.

III. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la plataforma “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ” mediante servicios de interoperabilidad habilitará de forma automática el registro en el SIGEP de las personas con discapacidad grave y muy grave como beneficiarias de pago del bono mensual.

  1. El pago correspondiente al primer mes se iniciará el 1 de febrero de 2018 y así sucesivamente, en función a la lista de habilitados en la plataforma “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ” al día 20 del mes anterior.
  2. Los Gobiernos Autónomos Municipales que no estén conectados en el SIGEP, obtendrán la lista de beneficiarios del bono mensual de la plataforma “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ” y procederán con el pago del beneficio de manera manual.
  3. Los procedimientos para ejecutar el pago del bono mensual para personas con discapacidad grave y muy grave por parte de los Gobiernos Autónomos Municipales, podrán incluir el pago electrónico vía SIGEP, a través del Banco Unión S.A. conforme a normativa establecida al efecto.

ARTICULO 10. (REVERSIÓN DEL BONO MENSUAL). Los beneficiarios podrán acumular y cobrar el bono mensual hasta el día 20 de diciembre de cada gestión, posterior a dicho plazo los recursos no cobrados podrán ser reasignados a otros gastos del Gobierno Autónomo Municipal correspondiente, con excepción de los recursos del Tesoro General de la Nación que deben ser devueltos a la Cuenta Única del Tesoro en la misma gestión fiscal.

ARTICULO 11. (RECURSOS DESTINADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL).

  1. Los recursos económicos asignados anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para el pago del bono mensual a favor de personas con discapacidad grave y muy grave registradas en la plataforma “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ”, se distribuirán de acuerdo a los siguientes parámetros:
  2. Hasta el 100% del costo anual del bono para los municipios de categoría A (población hasta 5.000 habitantes).
  3. Hasta el 15% del costo anual del bono para los municipios de categoría B (Población de 5.001 a 14.999 habitantes).
  4. Una vez apropiados los recursos señalados en los incisos a) y b) del presente Parágrafo el saldo será distribuido de forma proporcional a la cantidad de personas con discapacidad grave y muy grave de los municipios restantes.
  5. La distribución señalada en el Parágrafo precedente será informada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a los Gobiernos Autónomos Municipales junto a los techos presupuestarios de cada gestión fiscal.

III. En el marco del Parágrafo V del Artículo 3 de la Ley N° 977 se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público la apertura masiva de cuentas corrientes fiscales en los Gobiernos Autónomos Municipales que reciban los recursos establecidos en el Parágrafo I del presente Artículo, previa comunicación a los mismos, así como emitir las normas e instrucciones que sean necesarios para su cumplimiento.

ARTICULO 12. (REQUISITOS PARA EL COBRO DEL BONO MENSUAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE).

  1. Para el cobro del bono mensual para las personas con discapacidad grave y muy grave, los Gobiernos Autónomos Municipales verificarán que la beneficiaria o beneficiario se encuentre habilitada en la plataforma “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ” hasta el día 20 del mes anterior. La beneficiaria o beneficiario presentará los siguientes documentos:
  2. Carnet de discapacidad vigente hasta el último día hábil del mes precedente a cumplir los 60 años.
  3. Cédula de identidad vigente.
  4. En caso de niñas, niños y adolescentes beneficiarios del bono mensual, los Gobiernos Autónomos Municipales solicitarán a la madre, el padre, guardadora, guardador, tutora o tutor, adicionalmente a los requisitos previamente mencionados, los siguientes documentos:
  5. Certificado de nacimiento original que acredite ser padre o madre de la niña, niño o adolescente; u,
  6. Original o copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento como guardadora, guardador, tutora o tutor.

III. La tutora o el tutor de personas mayores de edad con discapacidad intelectual, mental o psíquica, presentarán adicionalmente a los requisitos establecidos en el Parágrafo II del presente Artículo, la resolución judicial de nombramiento en original o copia legalizada.

  1. Realizada la presentación y verificación de los documentos descritos en los Parágrafos II y III del presente Artículo, los Gobiernos Autónomos Municipales registrarán la información de la madre, el padre, guardadora, guardador, tutora o tutor en la plataforma “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ”.
  2. Los Gobiernos Autónomos Municipales podrán definir los procedimientos necesarios en el marco de sus competencias y la normativa vigente para asegurar el pago efectivo a las beneficiarias y los beneficiarios que no puedan movilizarse, que se encuentren en albergues, centros de acogida, situación de calle u otros.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. A efectos de que las instituciones involucradas, tomen previsiones para las modificaciones presupuestarias correspondientes, para el pago del bono mensual a efectuarse en la gestión 2018, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Sistema Asociativo Municipal hasta el 22 de diciembre de 2017, la lista de personas con discapacidad grave y muy grave beneficiarias y beneficiarios del bono mensual con base en la información de personas con discapacidad registradas en el SIPRUNPCD del Ministerio de Salud con corte realizado al 31 de octubre de 2017 y la información de inserción laboral reportada en el Registro Obligatorio de Empleadores – ROE con corte efectuado al 13 de noviembre de 2017.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. La plataforma “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ” será implementada en un plazo de treinta (30) días, a partir de la publicación del presente Decreto Supremo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Entre tanto se desarrollen los servicios de interoperabilidad de la plataforma “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ” con el SIGEP, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas registrará como beneficiarios del SIGEP a las personas con discapacidad grave y muy grave señaladas en la lista referida en la Disposición Transitoria Primera del presente Decreto Supremo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Para la gestión 2018 se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la asignación de recursos del TGN establecida en el Parágrafo I del Artículo 11 del presente Decreto Supremo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. A partir de la publicación del presente Decreto Supremo, los Gobiernos Autónomos Municipales tendrán un plazo de treinta (30)  días calendario  para nombrar  un responsable  de  coordinación de la plataforma “EUSTAQUIO – MOTO – MENDEZ” y trámites relacionados con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. Para la gestión 2018, excepcionalmente, las personas que estén a cargo de uno o más niñas, niños, adolescentes o personas mayores de edad con discapacidad intelectual, mental o psíquica que no cuenten con resolución judicial de nombramiento de tutora o tutor, guardadora o guardador, podrán efectuar el cobro del bono mensual previa presentación de la admisión de la demanda y un informe de la instancia de protección municipal correspondiente.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

DISPOSICIONES FINALES

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Salud, de Trabajo Empleo y Previsión Social y de Economía y Finanzas Públicas; quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

 

 

Resolución Administrativa Regulatoria

TR-0334/2010

La Paz, 1 de julio de 2010

DESCUENTO EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CALIFICADA EN LOS GRADOS GRAVE Y MUY GRAVE.

VISTOS:

La Ley N° 1678, de 15 de diciembre de 1995, de la Persona con Discapacidad; el Decreto Supremo N° 24807, de 4 de agosto de agosto de 1997, Decreto Reglamentario de la Ley de la Persona con Discapacidad; el Informe Técnico DTTR-UTF-RE INF-TEC 0011/2010, de 30 de marzo de 2010; el Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009; el Decreto Supremo N°0071 de 9 de abril de 2009, todo lo que convino ver y se tuvo presente;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 138 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero del 2009, dispone la extinción de todas las Superintendencias del Sistema de Regulación Sectorial – SIRESE, en un plazo máximo de sesenta (60) días, debiendo ser asumidas sus competencias y atribuciones por los Ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa.

Que, en ese sentido, mediante Decreto Supremo N° 0071, de 9 de abril del 2009, se crean las Autoridades de Fiscalización y Control Social, en los sectores de Transportes y Telecomunicaciones; Agua Potable y Saneamiento Básico; Electricidad; Bosques y Tierra; Pensiones y Empresas.

Que, el parágrafo I, del artículo 4 del Decreto Supremo N° 0071, dispone que las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las ex Superintendencias Sectoriales sean asumidos por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, en lo que no contravenga a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado. En este sentido, el artículo 13 dispone que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) fiscaliza, controla, supervisa y regula las actividades de Telecomunicaciones y Transportes, considerando la Ley N° 1632 y sus reglamentos; y los Decretos Supremos N° 24178 de 8 de diciembre de 1995 y N° 24753 de 31 de julio de 1997, como marco legal aplicable, en tanto no contradigan lo dispuesto en la constitución Política del Estado Plurinacional.

CONSIDERANDO:

Que, el Estado Plurinacional de Bolivia, ha ratificado el Protocolo Facultativo, promovido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Que, la Constitución Política el Estado Plurinacional de Bolivia en su Art. 14, reconoce como derecho fundamental, la personalidad y capacidad jurídica, sin distinción alguna, siendo deber del Estado garantizar a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.

Que, la Ley N° 1678, de 15 de diciembre de 1995, de la Persona con Discapacidad, regula los derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad, estantes y habitantes en el territorio de la República, teniendo como finalidad normar los procesos destinados a la habilitación, rehabilitación, prevención y equiparación de oportunidades de las personas discapacita- das, así como su incorporación a los regímenes de trabajo, educación, salud y seguridad social, con seguros de corto y largo plazos.

Que, el Decreto Supremo N° 24807, de 4 de agosto de 1997, Decreto Reglamentario de la Ley de la Persona con Discapacidad, en su artículo 14 referente al Área Gubernamental de Transporte,

inciso e) dispone: “Promover que las empresas terrestres, aéreas, lacustres y fluviales, sean públicas, privadas o mixtas concedan descuentos del 50% en los pasajes a personas con discapacidad severa (tetrapléjicos, sordociegos y otros) que requieran de acompañante, cuando los viajes sean interdepartamentales o interprovinciales”.

Que, en ese contexto, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, determinó establecer un régimen tarifario especial para el servicio público de transporte de pasajeros, en beneficio de las personas con discapacidad, en cumplimiento a sus competencias asignadas y al marco normativo desarrollado párrafos arriba.

Que, la referida iniciativa fue objeto de estudio y análisis por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, dependiente de la Dirección Técnica Sectorial de Transportes, mediante el Informe Técnico DTTR-UTF-RE INF-TEC 0011/2010, de 30 de marzo de 2010, a través del cual, se concluye que el cumplimiento de la Ley N° 1678, además de ser obligatorio, podría constituirse como el más claro ejemplo de ejecución de uno de los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo.

Que, asimismo, recomienda la emisión de una circular a los operadores de transporte, recordándoles la aplicación de la Ley N° 1678 y su Decreto Reglamentario, particularmente en los grados grave y muy grave, debido a que este segmento representa el 61 % del total de personas con discapacidad, segmento poblacional muy pequeño y que su impacto en la economía de los operadores del transporte sería marginal.

Que, por su parte, la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y control de Telecomunicaciones y transportes, en concordancia con el Director Técnico Sectorial de Trans- portes, recomienda que esta iniciativa sea aprobada mediante Resolución Administrativa.

CONSIDERANDO:

Que, en virtud a 10 dispuesto por el Art. 10 Inc. c), de la Ley N° 1600, Ley del Sistema de Regulación Sectorial SIRESE, de 28 de octubre de 2004 y por el Inc. ñ) del Art. 2 del Decreto Supremo N° 24753, modificatorio al Decreto Supremo N° 24178, de Establecimiento de la Superintendencia de Transportes, es atribución del ente regulador del sector de transportes aprobar y fijar precios y tarifas de los servicios regulados.

Que, de igual manera, los incisos a) y e), del Art. 17 del Decreto Supremo N° 0071, de 9 de abril de 2009, establecen dentro de las competencias de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, promover la competencia y la eficiencia en las actividades de los sectores de telecomunicaciones y transportes, así como aprobar y publicar precios, tarifas, derechos u otros, de acuerdo a la normativa vigente, garantizando su correcta aplicación y asegurando que la información sustentatoria esté disponible y sea pública.

Que, en atención al análisis realizado en el Informe Técnico DTTR-UTF-RE INF-TEC 0011/2010, de 30 de marzo de 2010 y las recomendaciones del Director Ejecutivo y el Director Técnico Sectorial de Transportes de la Autoridad Reguladora y en virtud a la normativa detallada párrafos arriba, corresponde a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, en cumplimiento a sus labores regulatorias encomendadas para la prestación del servicio de Transporte Público de Pasajeros, la Ley N° 1678 de 15 de diciembre de 1995, de la Persona con Discapacidad y el Decreto Supremo N° 24807, de 4 de agosto de 1997, Reglamentario a la Ley de la Persona con Discapacidad, establecer un régimen especial de tarifas, emitiendo Resolución Administrativa Regulatoria, por la que se disponga el descuento del 50% en el servicio de transporte público de pasajeros, prestado por los operadores sujetos a regulación por parte de la Autoridad Reguladora, a favor de las personas con discapacidad calificadas como graves y muy graves.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y. Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, en uso de las atribuciones conferidas mediante Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril de 2009.

RESUELVE:

ARTICULO 1.- INSTRUIR a todos los operadores de los Servicios de Transporte Público de Pasajeros, sujetos a regulación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, aplicar el descuento del cincuenta por ciento (50%) en las tarifas del servicio de transporte de pasajeros en las rutas interprovinciales e interdepartamentales, a favor de las personas con discapacidad calificada como grave y muy grave, con un porcentaje de discapacidad igual o mayor al 50 por ciento (50%).

ARTICULO 2.- Para ser beneficiarias del descuento al que hace referencia el artículo anterior, las personas con discapacidad calificada como grave y muy grave, deberán acreditar dicha calidad ante los operadores de los Servicios de Transporte Público, a través de la presentación del Carnet de Discapacidad y, en caso de estar en trámite, mediante la Certificación de Discapacidad emitida por los Servicios Departamentales de Salud (SEDES), que establezca el grado de discapacidad (grave o muy grave) y el porcentaje de discapacidad (igual o mayor al cincuenta por ciento – 50%).

ARTICULO 3.- Los operadores de los Servicios de Transporte Público de Pasajeros deberán llevar un registro estadístico de las personas con discapacidad beneficiarias del descuento del cincuenta por ciento 50%, en las tarifas del servicio de transporte, el cual deberá ser presentado a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, en forma semestral.

ARTICULO 4.- En caso de que el pasajero sea un adulto mayor con discapacidad, se aplicará el descuento mas beneficioso para el pasajero.

ARTICULO 5.- Los operadores de los Servicios de Transporte Público de Pasajeros, no podrán negar el acceso al servicio de transporte a las personas con discapacidad calificada como grave y muy grave.

ARTICULO 6.- El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Resolución Administrativa Regulatoria será sancionado de conformidad a lo dispuesto en la normativa sectorial en vigor.

ARTÍCULO 7.- De conformidad a lo dispuesto por el parágrafo I del Artículo 32 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, concordante con el Artículo 9 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27172, de 15 de septiembre de 2003, se dispone la publicación de la presente Resolución Administrativa Regulatoria, en un órgano de prensa de circulación nacional, produciendo efectos la misma, a partir del día siguiente de su publicación.

ARTICULO 8.- La Dirección Técnica Sectorial de Transportes está a cargo de la difusión de la presente Resolución Administrativa Regulatoria entre los operadores y usuarios y de fiscalizar el cumplimiento de la misma.

Regístrese, comuníquese y archívese.

 

 

 


DECRETO SUPREMO 0256.- El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar transitoriamente la utilización de los recursos del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad en beneficio de las personas con discapacidad, en el marco de la Ley Nº 3925 de 21 de agosto de 2008.

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LEY Nº 3925 DE 21 DE AGOSTO DE 2008.

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LEY 223 DE 2 DE MARZO DE 2012.- El objeto de la presente Ley es garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral.

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