Brotons detalla a magistrados de CIJ actos de Estado que obligan a Chile a negociar con Bolivia

Abogado de Bolivia, Antonio Remiro Brotons

La Haya, HOLANDA, 20 mar (ABI).- El abogado de Bolivia, Antonio Remiro Brotons, expuso el martes, al detalle, en el segundo día de alegatos del juicio marítimo plantado a Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, una serie de actas, cartas y memorandos diplomáticos, rubricados por altas autoridades de ambos países, que consagraron a lo largo del siglo XX, acuerdos formales para restaurar la calidad marítima boliviana y que obligan a La Moneda a negociar la cesión de mar soberano a su vecino andino amazónico.

Tras citar los acuerdos escritos intercambiados por La Paz y Santiago e infrascritos por cancilleres y embajadores bolivianos y chilenos, el letrado español hizo énfasis en el protocolo complementario del Tratado de Ancón, de junio de 1929 –que repartió Arica para Chile y Tacna para Perú, que ese año cumplían 46 años de ocupados por tropas chilenas– que conllevó una cláusula que alude a Bolivia.

“Cuando hay un candado, significa que hay una puerta que en algún momento puede abrirse”, reseñó Brotons para esclarecer que hubo una aspiración boliviana manifiesta y dialogada con Chile, tanto así que al considerar que la cesión de territorios a “una tercera potencia” que no podía ser otra que Bolivia, debería ser consultada necesariamente por Santiago a Lima.

A esta prescripción, la historia trilateral de post guerra, que envolvió a Chile, Bolivia y Perú, entre 1879 y 1883, que le permitió a la primera potencia avanzar su territorio soberano 4 grados latitud sur, sentenciar a la mediterraneidad a Bolivia y apropiarse de toda la provincia peruana de Tarapacá, es decir las actuales regiones de Iquique y Arica, designa como “el candado del tratado secreto de Ancón”.

Brotons, que deploró que en su Memoria y Contramemoria Chile pretenda desvirtuar los actos diplomáticos de La Paz y Santiago del siglo XX, en aras de la cesión de una porción de costa, de entre 4 y 20 km de los más de 6.000 que el país trasandino posee en el Océano Pacífico, como así disociar las notas de Estado, una de otra, por el uso de determinados verbos, citó también las actuaciones del presidente chileno ascendido en 1946, Gabriel González Videla.

“Gabriel González Videla manifestó al canciller boliviano, Aniceto Solares, y al embajador boliviano en Chile, Alberto Ostria Gutiérrez, su aceptación para iniciar negociaciones con miras a otorgar a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico”, precisó Brotons que aportó de manera textual citas de los documentos oficiales.

El jurista español al servicio de Bolivia, que la prensa chilena define como el artífice de la tesis que sostiene el juicio marítimo boliviano a Chile, hizo notar a los 15 magistrados de la CIJ, presentes en el estrado principal de la Casa de la Paz, en La Haya, que “tras una decisión de negociar existe, por supuesto, una voluntad política”.

“Cuando las partes están de acuerdo, se garantiza, una a otra, mantener una línea de conducta en el marco de un proceso que de una u otra parte cae en el ámbito del derecho”, subrayó.

En su alegato, Brotons desnudó, argumental y sistemáticamente, que Chile carece, por tanto, de derecho y razón, para desconocer los actos de sus autoridades y, mucho menos, para desentenderse de su obligación de negociar.

El presidente chileno Sebastián Piñera proclamó, de manera recurrente durante su primer mandato entre 2010 y 2014, que Chile nada tiene pendiente con Bolivia y que el Tratado de 1904, que selló el aislamiento marítimo boliviano, había resuelto eternamente las fronteras binacionales.

En la CIJ, Bolivia pide que vuelva a la mesa de negociación, de buena fe, pronta y formalmente.

“Si aceptamos ello, en que insiste Chile, en ese caso no existiría intercambio de notas diplomáticas”, resumió Brotons.

El jurisperito resaltó las notas escritas por autoridades chilenas a Bolivia, en consonancia con el parecer del secretario de Estado de Estados Unidos, Franz Kellogg (1925-29), que pidió entregar Arica e Iquique a Bolivia, privada ya de Antofagasta, Tocopilla, y Mejillones, precisó que las gestiones bolivianas por obtener una salida soberana al mar no prosiguieron tan intensivamente en adelante por el estallido de la segunda guerra mundial (1939-45), lo que también explica la ralentización en las décadas de los 30 y 40 del siglo XX.

El profesor español citó también el intercambio de notas de Estado y el encuentro, en 1975, de los presidentes de hecho de Chile, Augusto Pinochet, y de Bolivia, Hugo Banzer, que enervaron otro tiempo de diálogos marítimos y compromisos formales para enmendar la mediterraneidad boliviana.

“Las partes se comprometen a negociar con un fin específico”, precisó.

Tras plantear a Bolivia una fórmula de compensación para la cesión de mar por territorio y tras escuchar la afirmación boliviana a tal planteamiento, Pinochet hizo las consultas que el Protocolo Complementario al Tratado de Ancón de 1883, que paró la guerra chileno peruana, con Lima ocupada y zarandeaba por la soldadesca chilena, impone en cao de cesión de territorios que antes de la guerra pertenecieron a Perú.

Lima se dijo de acuerdo con la cesión y propuso, a manera de refrenda, que el territorio adyacente al borde costero que habría de consignarse a Bolivia, tuviera carácter trinacional, lo que hundió a Chile en sugestivo silencio.

La obligación de negociar existe”, mantuvo Remiro Brotons en la conclusión de su alegato, el primero del segundo día de 10, en que los magistrados de la CIJ escucharán a las partes.

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